GASTEIZ. El Gobierno vasco acude mañana a la Mesa General de la Administración vasca con "vocación de acuerdo" al entender que hay "margen" para la negociación, mientras que todos los sindicatos rechazarán ampliar la jornada laboral a 37,5 horas semanales y se opondrán a cualquier tipo de recorte.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha asegurado que acude a la cita con "vocación de acuerdo" con los sindicatos, a los que ha pedido "responsabilidad" para poder acordar un "marco propio" lo "menos lesivo posible" para los funcionarios vascos.

En el orden del día está la cuestión de la jornada laboral anual, los permisos retributivos o el régimen de complementos por razón de incapacidad temporal (IT) de los empleados públicos.

El Gobierno central ha regulado por decreto la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales frente a las 35 actuales y la reducción de seis a tres en el número de días de libre disposición, entre otras medidas.

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka ha explicado hoy en su comparecencia en el Parlamento Vasco que mañana lo que va a plantear es una "aplicación negociada" de ese decreto porque "existe margen de juego", aunque ha dicho que lo que no se puede hacer es incumplir la normativa básica del Estado.

Ayer, Erkoreka afirmó también que acude a esta cita convencido de que el "empleo es objetivo prioritario" y, por tanto, no pretende "amortizar ni hacer desaparecer ningún empleo público".

Por la parte sindical, todas las centrales rechazan cualquier tipo de recorte y coinciden en oponerse frontalmente al aumento de la jornada a 37,5 horas, porque, a juicio del responsable sectorial de ELA, Ramón Uriarte, ello podría suponer la destrucción de 9.000 puestos de trabajo públicos en Euskadi.

Este sindicato reivindicará que la jornada "no se toque en absoluto", pedirá que se recupere el poder adquisitivo de los empleados públicos, mermado en cerca de un 20 % en los dos últimos años, y que se recupere el cobro al 100 % de los complementos en caso de baja por enfermedad.

Uriarte ha advertido de que ELA "no va a entrar a negociar" posibles recortes que pueda plantear el Gobierno Vasco, en cuyo caso apostará por la movilización, porque cualquier ajuste, lejos de "solucionar nada, incide más en la crisis".

Por su parte, CCOO de Euskadi asiste a la reunión con la intención de escuchar la propuesta del Gobierno Vasco, aunque considera "fundamental" la defensa del empleo así como mantener y ampliar los servicios públicos, según ha indicado a Efe la responsable de Acción Sindical de la central, Mari Cruz Vicente.

Además de oponerse a la ampliación de la jornada, CCOO defenderá también los salarios de los empleados públicos tras la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el colectivo desde 2010, que, al igual que ELA, cifra en cerca del 20 %.

Vicente ha advertido de que si los planteamientos del Ejecutivo no están ligados a "alguna medida de creación de empleo", pondrá "muy difícil" que su sindicato negocie.

Desde UGT de Euskadi, la responsable del área de Servicios Públicos, Arantza Agote, ha avisado de que si la propuesta del Gobierno Vasco supone "seguir recortando, va a tener enfrente" al sindicato.

Para UGT constituye "una línea roja" en la negociación la posibilidad de que se pretenda ampliar a 37,5 horas la jornada laboral, ya que destruiría "9.000 empleos de personal eventual en la Administración y en las empresas privadas con financiación pública".

UGT también defenderá la búsqueda de fórmulas que permitan recuperar la paga extraordinaria que les ha sido suprimida, reivindicará una ley de función pública vasca y reclamará el cobro del "100 % por incapacidad temporal".

Agote ha adelantado asimismo que la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, de la que forma parte UGT con otros sindicatos, se concentrará mañana a las puertas de Lakua coincidiendo con el encuentro.

Por su parte, el sindicato LAB acude a la reunión con la sensación de que el Gobierno Vasco llama a los sindicatos para contarles "qué recortes va a aplicar".

Como primera reivindicación en la reunión, LAB reclamará que se respete el derecho a una negociación "con garantías" de cumplimiento de lo que se acuerde, pedirá al Ejecutivo que dé marcha atrás en los recortes aplicados en los últimos meses y que ponga en marcha un plan para la creación de empleo público y medidas para que sean devueltos a manos públicas servicios privatizados.

El sindicato reclama que no se alargue la jornada laboral de los funcionarios, que se respeten sus días festivos y pide planes para la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios.

Demanda, asimismo, que se cubran las sustituciones, se mantengan los contratos de relevo como medio de crear puestos de trabajo, se acuerden ofertas públicas de empleo y no se aplique la reforma laboral a los contratados laborales.