Madrid. El ministro de Industria y Energía del Gobierno del PP, José Manuel Soria, aseguró ayer que el Gobierno del PP no tendrá "ningún complejo" a la hora autorizar prospecciones para buscar yacimientos de petróleo y gas en España, como en el caso de los polémicos pozos de la Llanada Alavesa. A este respecto, el ministro conservador apuntó que "allí donde haya una oportunidad de ver si podemos o no podemos hacer investigaciones o prospecciones" de hidrocarburos "debemos autorizarlas", contundencia verbal que sonó a una especie de barra libre para la concesión de permisos con los que investigar la viabilidad de pozos y de sistemas de extracción como el fracking, que ahora amenaza buena parte del territorio histórico de Álava, señalado como propicio para ejecutar la citada técnica, muy controvertida por su presunta inseguridad ambiental.
Esta declaración de intenciones llegó en un foro nada hostil para el ministro. La intervención tuvo lugar en la entrega de los XXIV Premios de la Energía organizados por Enerclub. Allí, Soria explicó que el hallazgo de hidrocarburos permitiría reducir el déficit de la balanza comercial española. También añadió que todas las autorizaciones tendrán que cumplir con la legislación española y europea en materia medioambiental, que, a su juicio, son las más "fuertes", "potentes" y "nítidas" del mundo.
Soria insistió en que en el sistema eléctrico español "no sobra absolutamente ninguna" tecnología, por lo que apostó por mantener el carbón y prolongar la vida útil de las centrales nucleares que cuenten con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. Sobre el particular, citó expresamente a la central nuclear de Santa María de Garoña. El ministro ratificó su "predisposición" a prolongar la vida útil de la planta nuclear si se cumplen las condiciones de seguridad.
Sin embargo, se cuidó de asegurar que el Ejecutivo del PP no está "negociando nada" con Iberdrola y Endesa, propietarias al 50% de la empresa Nuclenor, que es la compañía que explota -explotaba- el recinto eléctrico del Valle de Tobalina.
El ministro trató de acotar así los rumores que apuntan a que el Gobierno central impondrá por decreto la continuidad de la actividad en la planta burgalesa, ahora aparcada por sus accionistas al no ser rentable para ellas invertir en las mejoras de seguridad necesarias ni en continuar con el negocio tras la nueva reforma fiscal. El caso es que el pago de los nuevos impuestos dejaría a la central en una situación muy comprometida.
Soria señaló que Industria habla "continuamente" con el sector eléctrico, pero consideró que esto "no significa negociar". "Estamos hablando con todas las empresas del sector", afirmó, antes de insistir en su "predisposición a poder alargar la vida útil de los reactores siempre que se den las condiciones de seguridad del CSN".
Déficit de tarifa Aparte de la patata caliente nuclear, el ministro aseguró que su Gobierno va a "seguir trabajando" para "atajar" la generación de déficit de tarifa este año, al tiempo que aseguró que el desfase entre gastos e ingresos del sistema eléctrico habría alcanzado los 40.000 millones de euros en 2013 de no haber adoptado las medidas aprobadas hasta ahora. "La realidad de nuestro modelo pone de manifiesto que no estamos ante un sistema sostenible ni económica ni financieramente".
