Vitoria. La calidad y la salubridad de alimentos vuelve a estar en entredicho. La presencia de ADN de caballo en distintos productos ha generado un revuelo que cada vez pone más en cuestión la cadena de seguridad alimentaria. El último caso se produjo ayer. Según informó el secretario de Estado británico de Agricultura, David Heath, carne de caballo contaminada con un analgésico antiinflamatorio conocido como bute con origen en el Reino Unido ha podido entrar en la cadena alimenticia de Francia. El peligro está en que esa sustancia es perjudicial para los humanos y las autoridades galas ya están trabajando para retirar los productos afectados de los comercios.
Los últimos test realizados por la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido revelaron que ocho equinos sacrificados en mataderos del país habían dado “positivo” por esa sustancia. De los 206 cadáveres de equino analizados, ocho dieron positivo y tres “podrían haber entrado en la cadena alimentaria de Francia. Los cinco restantes no han entrado en la cadena”. Además, un informe de la comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento británico reveló ayer que el fraude por la presencia de carne de caballo como si fuera de vacuno, descubierto hace unas semanas, puede ser masivo.
Pero, ¿qué medidas higiénico-sanitarias se toman para evitar que productos de dudosa calidad lleguen a los hogares? En Euskadi, el Departamento de Salud del Gobierno vasco realizó durante 2012 más de 9.000 inspecciones para comprobar que todo estaba en orden. Y los resultados así lo atestiguaron. “El 82% fueron muy bien, un 9% bien y un 6% regular”, afirma Javier García, jefe del Servicio de Inspecciones Alimentarias del Gobierno vasco. Apenas un 3% de las inspecciones no llegó al aprobado. “Se analizan los propios puntos de elaboración que tienen sistemas de autocontrol y registran pocos problemas”, añade García para quien la posibilidad de que en el País Vasco se produzca algún caso como los ocurridos en Reino Unido e Irlanda es muy lejana. “Es muy difícil que haya problemas”.
En la CAV hay registrados 14.389 establecimientos, que son examinados con cierta periodicidad para comprobar el estado de los alimentos que ofrecen, su manipulación y conservación. “Se evalúan los riesgos que presenta cada uno y visitamos los que más riesgos pueden tener, como lugares donde se alimenta a ancianos o niños, que están catalogadas como personas sensibles”, explica García.
No todas las inspecciones que se realizan en Euskadi tienen el objetivo de saber con precisión las composiciones de los alimentos. De hecho, tal y como detalla García, sólo en una décima parte de ellas se tomaron muestras. “En torno a 4.500 fueron visitas programadas por un sistema informático, más de 2.200 fueron visitas de mejora a establecimientos que en anteriores visitas habían presentado problemas y unas mil catalogadas como otras”.
El problema real salta cuando las normas no se cumplen. “Si se ve un riesgo inmediato el propio técnico toma la decisión de prohibir la manipulación de alimentos”, señala el jefe del Servicio de Inspecciones Alimentarias y se da un plazo para que el problema se solvente. García es claro a la hora de subrayar que “en origen lo alimentos no suelen tener problemas. Esos surgen en muchas ocasiones con la manipulación de los mismos y es cuando se da la contaminación”.
Entre ese elevado número de establecimientos y la amplia variedad de productos existentes en el mercado se abre un abanico de posibilidades para que en algún alimento los análisis no concuerden con los parámetros que marca la legislación vigente. Por ello, existe una red que garantiza que se minimicen los riesgos para el consumidor. “Si se encuentra un patógeno peligroso, se avisa a la autoridad sanitaria en cuestión y se sigue el protocolo para que llegue al productor”, explica García. En los propios comercios también se sigue una política muy estricta en relación a posibles intoxicaciones de los alimentos. “Cuando es un problema lo suficientemente grave, se comunica directamente con la línea de cajas para que no se pueda vender el producto. Se bloquea y aparece que no tiene calidad. Después se retira tranquilamente”, precisa Juan Carlos San Vicente, responsable de control de productos de Eroski.
Más controles Pero la cadena de seguridad empieza antes de que el producto llegue al comercio. La cadena de alimentación más grande de Euskadi, Eroski, se vio salpicada por el escándalo del ADN de caballo en unas hamburguesas de su propia marca. Sin embargo, controles propios posteriores demostraron que esa muestra se debió a una “contaminación cruzada” que se produjo en el matadero, donde se sacrificaban tanto cabezas de vacuno como de equino.
Según San Vicente, “antes de lanzar un producto, se miran analíticamente varias opciones de los proveedores”. Una vez elegido el alimento en cuestión, se mantiene un “seguimiento y se realizan análisis químicos y microbiológicos”.
Estos días, las hamburguesas han sido el producto estrella en muchas noticias. “Que haya salido ADN de caballo en nuestros productos nos ha obligado a hacer muchos análisis. Hemos hablado con nuestro proveedor y le hemos pedido que nuestra carne de vacuno no proceda de mataderos donde se sacrifiquen caballos”, matiza San Vicente, quien resta importancia a la presencia de restos de carne de caballo. “Aquí no hay constancia de contenido muy alto de esta carne, incluso algunos nutricionistas la recomiendan. Pero si aparece, es un fraude”.
Y las hamburguesas se analizan ahora con lupa. “En un análisis químico miramos que tenga mucha proteína, les pedimos más de lo que regula la legislación española; que tenga poca grasa; los niveles de hidroxipolina, que marca la cantidad de cartílagos y tendones que se han utilizado; etc.”, concreta San Vicente, que recuerda que el pasado año se tomaron más de 7.500 muestras de productos de sus establecimientos.
Con la intención de que el temor sobre la seguridad alimentaria cambie de tendencia y sea cada vez menor esa sensación entre los consumidores, hoy la Unión Europea aprobará reforzar los controles. Esa reforma trabajará en dos vertientes. Por un lado, comprobar si hay un fraude extendido con la suplantación de carne de vacuno con otra de procedencia equina y, por el otro, conocer si hay un riesgo sanitario por el consumo de esa carne.