vitoria. Ya en su programa electoral, el PNV colocaba el euskera en el centro de la agenda política y como elemento transversal en el macrodepartamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Es tal la importancia que el Ejecutivo Urkullu otorga a la normalización lingüística que la consejera Cristina Uriarte comenzó su esperada comparecencia en el Parlamento Vasco para explicar los ejes de su acción por Política Lingüística y no por Educación, como cabría esperar, dado el complicado contexto político y económico en el que se halla inmerso el sistema educativo.

Potenciar el uso del euskera entre los euskaldunes pasivos, fomentar el aprendizaje entre quienes aún no conocen el idioma, sobre todo, en los euskaltegis, y garantizar de forma efectiva los derechos lingüísticos de la población euskaldun tanto en los ámbitos formales (educación, servicios públicos, medios de difusión social) como en los informales (ocio, amistades, familia), se presentan como los objetivos claves de la viceconsejería que dirige Patxi Baztarrika.

"El euskera necesita hablantes, no salvadores", afirmó la consejera en el turno de respuesta a la intervención de la portavoz de Bildu, quien criticó el corto alcance de las medidas propuestas por el Departamento para hacer de los próximos cuatro años "la legislatura del euskera", según la formación abertzale. Tal y como reconoció Uriarte, la principal preocupación se centra en potenciar el uso del euskera en sintonía con las conclusiones de la última encuesta sociolingüística, que resalta que el número de euskaldunes ha crecido un 30% los últimos años, pero no así su uso, que se ha estancado. "Nunca en la historia ha habido tantos hablantes de euskera", resaltó Uriarte, "el uso también ha crecido, pero muy por debajo que su conocimiento". Por este motivo, se comprometió a activar "políticas atractivas" para que el euskera se incorpore con naturalidad en contextos ajenos a la escuela.

Según señaló, la política que desarrollará su Departamento pivotará sobre el principio de que el "derecho a utilizar el castellano no esté por encima del derecho a utilizar el euskera", filosofía en la que encaja el relanzamiento del decreto sobre los Derechos Lingüísticos de las Personas Consumidoras que aprobó el Gobierno Ibarretxe y que PSE-EE y PP han intentado torpedear estos años con la excusa de la existencia de unas multas lingüísticas inexistentes. En este sentido el viceconsejero Baztarrika, tal y como adelantó este periódico, aseguró que el Gobierno no tiene "en la cabeza" la interposición de multas por cuestiones lingüísticas a las empresas privadas, aunque precisó que será necesario evaluar la situación en la que se encuentra el respeto a los derechos lingüísticos en el sector.

Todas las iniciativas que se adoptarán en materia lingüística se basarán en el documento Hacia un pacto renovado, informe que recoge las conclusiones finales del proceso denominado Euskara 21. "Nuestro Gobierno asume ese documento de principios, aprobado por unanimidad por el Consejo Asesor del Euskera, y que es el resultado del más amplio proceso de debate y participación sobre política lingüística llevado a cabo desde que se aprobara la Ley del Euskera", recordó Uriarte.

Entre las medidas concretas cabe destacar que cada departamento contará con una unidad de euskera para normalizar su uso. Además, aprobará el V Plan para el Uso del Euskera del Gobierno vasco 2013-2017 que facilitará al resto de instituciones los criterios necesarios para la realización de sus propios planes. La Comisión de Coordinación de Autoridades dinamizará y fortalecerá la colaboración de todas las instituciones en el ámbito lingüístico. Se fortalecerá Elebide (el servicio público para la protección de los derechos lingüísticos).

Asimismo se dará al Consejo del Euskera nuevas atribuciones para el desarrollo de las medidas incluidas en el documento Euskara 21. Por otro lado, la consejera señaló que su Departamento trabajará con el objetivo de dar un marco estable de financiación a los euskaltegis, asaltados por los recortes.