"Se ha roto el espíritu de la negociación estatutaria"

Hondarribia. ¿De qué le sirve a Euskadi tener competencia exclusiva en Educación, si no puede negarse a aplicar una legislación básica ajena que ni comparte, ni responde a las necesidades reales de la escuela?

La ley supone un cambio drástico en la forma de articular las relaciones educativas entre el Estado y Euskadi. Un cambio que nos retrotrae al pasado, obviando las distintas situaciones educativas y recuperando para el Estado competencias que las comunidades venían ejerciendo. En nuestro caso parece claro que se ha roto el espíritu que presidió la negociación estatutaria, en cuanto que las leyes orgánicas iban a ser leyes de bases, de manera que hubiera una ordenación del sistema a nivel del Estado. En leyes anteriores ha habido problemas competenciales, puesto que se han ido regulando aspectos no básicos de manera cada vez más detallada, disminuyendo paulatinamente nuestra competencia.

¿El anteproyecto de la LOMCE cuestiona el marco estatutario?

El Estatuto ha constituido un soporte fundamental para el avance del euskera y la cualificación del sistema educativo. Dicho esto, ahora parece evidente que existe una estrategia hacia un modelo en el que las decisiones se adoptan en los poderes estatales y estas se ejecutan por las autonomías. Es decir, un Estado descentralizado, pero donde el poder político se sitúa en el centro, que poco tiene que ver con el pacto estatutario ni con las aspiraciones muy mayoritarias de la ciudadanía vasca en relación al autogobierno. Estrategia, por otra parte, que conducirá al mismo tiempo a una situación de tensión permanente y, por tanto, de inestabilidad, que le debilita internamente y hacia el exterior.

¿Estamos a tiempo de reconducir la situación?

Reconducir la situación supone responder a las diferentes demandas de autogobierno, la diferenciación entre nacionalidades y regiones prevista inicialmente, que acabó con la LOAPA, difícilmente reconducible. Por lo tanto, se impone la actualización del autogobierno, mediante un nuevo pacto político, como lo ha planteado el lehendakari Urkullu, en el que no solo se definan claramente las competencias, sino que establezca un modo bilateral de relación e interpretación de las mismas y no como en el presente, donde la última instancia, el Constitucional, es un juez de parte.

¿Qué papel debería adoptar el Gobierno Urkullu?

No tengo la menor duda de que la consejera Uriarte, como lo ha hecho Isabel Celaá, hará una firme defensa del autogobierno educativo, que además en este caso supone la defensa frente a un modelo segregador en el que todo viene dirigido, cuya aplicación supondría una merma de la calidad educativa, si esta es algo más que superar exámenes, que atenta contra la igualdad de oportunidades y la equidad del sistema, que son dos de los valores del sistema educativo vasco. También tengo la impresión de que llegado el proyecto de ley al grado de confrontación actual, su reconducción hará necesarias la intervención de instancias más allá de las meramente educativas.

Pero con una mayoría aplastante del PP parece difícil.

En el primer Gobierno de Aznar, con Esperanza Aguirre como ministra, se produjo una situación similar. El PP pretendía imponer contenidos sobre Geografía, Historia o Literatura a través del decreto de Humanidades porque entendía que lo que dábamos en la escuela no era correcto desde la óptica del Estado español. Dicha pretensión era inasumible para nosotros y lideramos una estrategia de acuerdo con Catalunya, Andalucía y Canarias, por la que Aguirre se vio obligada a retirar el decreto. No sé si en este momento se dan las condiciones para propiciar una comunión de intereses entre las comunidades autónomas que no están de acuerdo con la LOMCE.

¿El Parlamento Vasco debería alumbrar esta legislatura una nueva Ley de Educación Vasca?

Creo que las leyes educativas deben ser consecuencia de una necesidad mayoritariamente sentida en el sector y contar con amplios respaldos en su elaboración y aprobación. Desde la barrera, como usted ha indicado, pienso que lo importante es pensar en cómo mejorar la eficiencia de nuestro sistema. Desde esa reflexión prioritaria se observará la necesidad de renovar o actualizar los consensos existentes mediante pactos o leyes que conduzcan a reforzar y cualificar el sistema. Desde mi perspectiva lo importante es el objetivo, no el instrumento. Desde luego en el caso español y en el pasado inmediato el problema no es de leyes, cantidad de leyes, sino de eficiencia.