LAS asociaciones de víctimas del franquismo certifican la debilidad de la Ley de Memoria Histórica cuando se cumplen cinco años de la entrada en vigor de esta norma. Estos colectivos recalcan que hay símbolos franquistas en calles y monumentos de numerosas ciudades españolas, existen cientos de fosas comunes, cada día aparecen nuevos casos de bebés robados y el Valle de los Caídos sigue siendo un lugar de exaltación de Francisco Franco. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, subraya que, en la práctica, persisten todos los problemas que la ley tendría que haber resuelto. La Ley de Memoria Histórica, que se aprobó el 27 de diciembre de 2007 sin el apoyo del PP, no ha supuesto "ningún avance claro", según el portavoz de la ARMH, por "falta de voluntad política" para dar respuesta a las reivindicaciones de las víctimas. Lo más interesante fue el debate público que se generó acerca del pasado, señala Silva, antes de indicar que, "desgraciadamente", no hay grandes diferencias entre los dos principales partidos políticos, el PP y el PSOE, a la hora de abordar este asunto.

El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, hace un balance "muy negativo" de la ley y recuerda que en su momento se opuso a su aprobación por considerar que era suficiente con que el Estado español asumiese el derecho internacional. "La Ley de Memoria Histórica no obliga a nadie", ya que los pueblos de España están plagados de monumentos y toponimia franquista y el peso de la apertura de fosas comunes sigue recayendo en las asociaciones de familiares de las víctimas cuando el Estado debería asumir esta tarea.

El portavoz de la Asociación Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, estima que la ley supuso "un avance administrativo" para impulsar una política institucional, como ocurre en otros países europeos, con el fin de recordar las tragedias del pasado para evitar que se vuelvan a repetir en el futuro. Sin embargo, explica que en España se ha supeditado la Ley de Memoria Histórica a la voluntad política y hay comunidades autónomas y municipios, donde no se está implementando y desarrollando. La vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia, Paqui Maqueda, considera que la ley "nació coja" porque no recogió las principales reivindicaciones de los colectivos de memoria, que se concretaban en que el Estado asumiera el coste de las exhumaciones de las fosas comunes y anulara los juicios y sentencias del franquismo. Uno de los "pocos avances" de la ley ha sido la concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales y a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, desde el punto de vista de Maqueda. En el último año, añade, "la derecha ha desmantelado lo poco que se había hecho en la legislatura anterior, ya que cerró la oficina de atención a las víctimas del franquismo y segó las ayudas al movimiento asociativo, con la excusa perfecta de la crisis". Maqueda subraya que la Ley de Memoria Histórica está "desactivada", pero los familiares de las víctimas "no se rinden".