MADRID/GASTEIz. Estos datos se recogen en la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), entre enero y septiembre pasados los juzgados vascos recibieron 812 expedientes, un 8,2 % menos que un año antes.
La crisis económica y el elevado desempleo están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de viviendas al no poder hacer frente al pago de sus deudas.
Para paliar el impacto de los desalojos, el Gobierno español ha aprobado un decreto que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos sociales vulnerables que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso para incluir iniciativas de los grupos parlamentarios.
La oposición política, los consumidores y afectados y el sector judicial han criticado la norma aprobada por el Ejecutivo y han puesto en duda su eficacia debido a la gran cantidad de requisitos económicos y sociales que deben reunir los beneficiarios.
Los datos recopilados por el CGPJ sobre lanzamientos o desalojos contabilizan procesos de cambios de propiedad en inmuebles, voluntarios o forzosos, pero no tienen en cuenta si se trata de fincas rústicas o urbanas ni si son o no viviendas.
El pasado 7 de diciembre el Gobierno aprobó un real decreto que establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe publicar trimestralmente datos pormenorizados de los desalojos en España, con el fin de conocer si afecta a una familia en su primera vivienda o no, o si se trata locales, naves industriales u otro tipo de bienes.
