MADRID. El ministro, que no ha confirmado si el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, presidirá el Consejo de Seguridad Nuclear, ha dicho comprender que a las compañías eléctricas no les gusten nuevos gravámenes sobre su actividad, pero, a su juicio, hay que compaginar los "legítimos" intereses privados con el interés general.
Hoy, ha recordado, se aprueba en la Cámara Baja la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética -que impone tasas al combustible nuclear y a la generación eléctrica-, una norma con "fines recaudatorios", de alrededor de 3.000 millones de euros, con la que se pretende atajar el déficit de tarifa.
Este proyecto legislativo es la razón aducida por la propietaria de Garoña -Nuclenor- para parar su reactor el pasado domingo y no solicitar la prórroga de funcionamiento hasta 2019, ya que, según afirma, hace inviable su negocio.
El argumento ha sido cuestionado por Soria, que ha afirmado que la propia central habló de un lucro cesante de 395 millones si no seguía operando hasta el 2019, por tanto, descontados los 120 millones de euros de inversión para adaptarse a los requisitos postFukushima y los 153 millones de la nueva tasa, aún le quedan "125 millones".
En el desayuno informativo, al que han asistido los ministros de Defensa y Justicia, Pedro Morenés y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, el ministro ha dicho asimismo no creer que la clausura de Garoña sea "una decisión absolutamente cerrada".
En su opinión, tampoco hay que ver como algo "muy sorprendente" las nuevas tasas de la ley de medidas fiscales, que en España no han existido nunca pero "sí en otras economías", y que es comparable al canon que se paga por el dominio de los ríos (para la generación de la energía hidroeléctrica).
Tras señalar que el Ejecutivo no tiene ningún prejuicio respecto a ninguna fuente de energía, ni nuclear ni renovables, ha explicado que "de momento" no se plantea la retirada de las primas a las instalaciones renovables ya existentes.
En febrero de 2012, una orden ministerial de Industria suprimió las primas a las nuevas instalaciones.
Según Soria, la capacidad potencial en España se sitúa en 106.000 MW, pero la "demanda punta" en 2012 fue de 40.000 MW, entonces "¿tenemos que seguir aumentando la capacidad instalada?; da la impresión de que el país no se puede permitir estas cuestiones".
