Vitoria. El Gobierno Vasco de Iñigo Urkullu seguirá adelante con el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) interpuesto por el anterior ejecutivo del socialista Patxi López para evitar la aplicación del nuevo copago farmacéutico porque invade las competencias autonómicas. Así lo anunció ayer tras la primera reunión del Consejo de Gobierno del gabinete nacionalista el portavoz, Josu Erkoreka, quien insistió en que el actual ejecutivo coincide con los planteamientos defendidos por el equipo del PSE en contra del copago de los medicamentos.
Erkoreka no aclaró si finalmente en Euskadi se tendrá que implantar este copago, como ocurre en el resto de las comunidades autónomas desde julio del año pasado, ya que los servicios jurídicos están estudiando el auto que en relación a esta medida hizo público el lunes el Alto Tribunal. El anterior Gobierno Vasco recurrió el real decreto del Estado sobre el copago y la retirada de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles y aprobó otro decreto, el 26 de junio, con el que evitaba la aplicación en Euskadi de ambas medidas. Este decreto fue recurrido por el Gobierno central y el TC decidió el pasado mes de julio suspenderlo de manera cautelar, aunque a pesar de ello el copago farmacéutico sigue sin aplicarse en Euskadi.
Ayer, el TC, en un auto, acordó mantener la suspensión cautelar de las medidas autonómicas relacionadas con el copago farmacéutico, es decir, decidió que el Gobierno Vasco debe implantar esta medida y, en cambio, avaló la decisión del ejecutivo autonómico de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
El portavoz del ejecutivo vasco reconoció que, si finalmente es "inevitable" acatar la decisión del TC de aplicar el copago, habrá "dificultades de carácter operativo", ya que la puesta en marcha del mecanismo exige una serie de conexiones entre las haciendas forales y las terminales farmacéuticas que todavía no están ultimadas, por lo que la adaptación "llevaría algunos meses". También insistió en que el gobierno de Urkullu continuará con el recurso ante el Constitucional para defender las competencias de la comunidad autónoma "con firmeza".
