Vitoria. La situación interna que vive la Policía Municipal de la capital alavesa dista mucho de ser la ideal. En pocos meses, varios asuntos internos que afectan al funcionamiento del cuerpo se han judicializado y se han conocido las graves deficiencias con las que tienen que convivir los agentes en el día a día. Tales rémoras, destapadas por este diario tras tener acceso en exclusiva al documento base para la definición del modelo de Policía Local en el Ayuntamiento de Vitoria, ponen de manifiesto una situación poco compatible con un cuerpo de seguridad moderno y cercano.

No en vano, el redactor del informe, el ya exdirector general del Departamento de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas, desvela falta de medios en el desarrollo de varias facetas del trabajo policial, carencias "deplorables y dramáticas", falta de comunicación interna o inestabilidad en la plantilla debido al nombramiento en comisión de servicios de un buen número de los actuales mandos (un 37% de los puestos jerárquicos está ocupado por personal que no ha aprobado el preceptivo proceso de oposición interna y que ocupa el puesto por decisión de los actuales gestores técnicos o políticos del cuerpo).

A todo ello hay que añadir decisiones, cuando menos, cuestionables. Entre ellas, una reciente orden de uso interno que impondría el veto al trabajo policial relacionado con el tráfico y tenencia de estupefacientes en bares y locales de hostelería de la ciudad, al menos, hasta la recepción del permiso correspondiente del subcomisario de Coordinación.

Éste, a su vez, es quien controla la operatividad de la unidad de élite de la Guardia Urbana, conocida como GPA (Grupo de Prevención y Apoyo), y que es creación y una de las apuestas principales en materia policial del actual gobierno municipal del Partido Popular (PP).

Según fuentes policiales consultadas por DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA, la orden en cuestión no sería de carácter general sino de uso interno entre los mandos, que la habrían recibido el pasado 15 de noviembre en formato de correo electrónico.

Con esa fórmula habrían accedido a la instrucción suboficiales, oficiales, subcomisarios y el comisario jefe. Los mismos portavoces indican que la comunicación informa de la decisión de no actuar en bares por consumo de estupefacientes o narcotráfico sin la aprobación del citado subcomisario. Hasta ahí, la norma no debería sorprender en exceso.

Sin embargo, el comunicado en el que se alecciona a los mandos sobre las TDCs en bares (argot policial para definir las operaciones contra el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en locales de ocio) impondría cuestiones reveladoras. Por ejemplo, que la información atesorada sobre los establecimientos sospechosos de lunes a jueves deberá recaer inexorablemente en manos del mando, que será el encargado de decidir dónde, cómo y con qué unidades actuar.

Bajo tales preceptos, la polémica está servida. Las fuentes consultadas en la Guardia Urbana, que prefieren mantener el anonimato, consideran que con la orden se desvirtúa el trabajo policial.

No en vano, sugieren que una interpretación al pie de la letra de la misma impediría la actuación de patrulleros incluso en casos en los que se descubra un delito in fraganti. De ahí que la suspicacia se haya vuelto a instalar en un cuerpo que ya está acostumbrado a convivir con ella. Y más si se tiene en cuenta que el referido mando es el que controla la unidad de élite de la Guardia Urbana, grupo creado por la actual concejal de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos (PP). Es más, fuentes del cuerpo ven en esta maniobra (no comunicada a los agentes) una suerte de justificación y soporte para engordar las estadísticas del GPA en materia de arrestos, imputaciones, decomisos y canales de distribución de drogas cerrados.

De esa forma se llegaría al éxito de la UOS, predecesora de la actual unidad de élite y desmantelada por Castellanos, según indicó, por no encajar en el modelo de Policía de proximidad que defiende. Aquellos lograron, por ejemplo, realizar más del 75% de los arrestos del cuerpo en materia de drogas en su periodo de existencia, con más de 8.000 intervenciones, 300 detenciones, 5.000 identificaciones, más de 800 decomisos de estupefacientes y 200 incautaciones de armas.

Cabe recordar que la vieja unidad fue creada por el anterior edil de Seguridad Ciudadana, José Manuel Bully (PSE-EE). Logró datos muy positivos en el desarrollo de su actividad hasta el punto de cosechar loas, incluso, del actual alcalde, Javier Maroto, superior de la actual concejal de Seguridad Ciudadana, y que, a su vez, fue enconada rival política del gestor de la UOS durante la pasada legislatura.