Bilbao. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recomendar al resto de juzgados vascos la aplicación del protocolo acordado por unanimidad por los jueces de Bilbao en materia de desahucios, que permitirá suspender los desalojos en los casos recogidos en el nuevo decreto ley aprobado hace unos días por el Gobierno español.

El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y el decano de los jueces de Bilbao, Alfonso González Guija, explicaron ayer que este protocolo pretende unificar criterios para el tratamiento de los procedimientos ejecutivos hipotecarios de vivienda habitual que se encuentran con fecha señalada de desahucio y que pudieran ser susceptibles de acogerse al decreto de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.

Básicamente, según explicó González Guija en una comparecencia conjunta con Juan Luis Ibarra, este protocolo permite abrir una diligencia judicial nueva donde antes no existía posibilidad alguna de realizar ninguna alegación, para oír a los afectados a través de su letrado. Esta nueva diligencia permitirá, a juicio de cada juez, la suspensión de los desahucios que sean inminentes. En la práctica, supone que a partir de ahora el juez llamará a los afectados por procedimientos de desahucio para informarles de sus derechos, como el del acceso a la defensa de forma gratuita. Esto supondría la suspensión provisional del desalojo de la vivienda, con el fin de que se produzca una audiencia para escuchar a todas las partes, para conocer si se dan los supuestos o no establecidos por la ley.

Ibarra puntualizó que la aplicación de este protocolo, que nació por iniciativa de los propios jueces vascos, va a permitir incluso que aquellos deudores hipotecarios que no hayan comparecido en el procedimiento, tengan garantizado el ejercicio del derecho de defensa. Ibarra anunció también que como presidente del TSJPV formulará en los próximo días una "prevención", que remitirá a todos los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma con competencia en materia civil, en la que recomendará como "criterio uniforme de buena práctica" seguir el protocolo aprobado por la junta de jueces de Bilbao.

En manos de los jueces Las prevenciones, recordó Ibarra, "no son leyes, ni siquiera reglamentos, sino el traslado de una recomendación, que siempre deja a salvo la garantía de la independencia judicial". Por lo tanto, señaló, será el juez el que determine la forma de actuar en cada caso.

El presidente de TSJPV insistió en que el citado protocolo "responde al criterio de una buena práctica procesal" por lo que "la justicia ganará si se extiende su empleo a todos los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma". El juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, apuntó que los jueces de la capital vizcaina lo que han hecho es posibilitar que la persona que iba a ser desahuciada pueda ser oída con la presencia de un abogado y comprobar que pueden ejercer sus derechos frente a la banca.

Ibarra informó también de que ya ha mantenido conversaciones con el Consejo Vasco de la Abogacía para que en estos supuestos, de manera inmediata y siempre que los afectados lo deseen, se haga una designación de letrado.

El portavoz de Jueces para la Democracia-Euskadi (JpD), Edmundo Rodríguez, consideró recientemente que la aplicación de esta medida podría afectar a cerca de treinta familias en toda Euskadi. Rodríguez explicó entonces que este procedimiento "obliga a mirar procedimiento por procedimiento" y puede permitir que mientras los jueces comprueban si el deudor cumple los requisitos, el banco se preste a renegociar la deuda y no se lleve a cabo el desahucio".