vitoria. Los últimos acontecimientos acaecidos en el entorno de la Policía Municipal de la capital alavesa ya tienen consecuencias políticas. No en vano, y tras conocerse los hechos desvelados por este diario a lo largo de la presente semana y el recambio de Javier Sáez Lanas al frente de la dirección general del Departamento de Seguridad Ciudadana, las dos principales fuerzas de la oposición en el Consistorio gasteiztarra -Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la coalición Bildu- salieron ayer a la palestra para solicitar la comparecencia de la edil responsable del área que rige la Guardia Urbana, la popular Marian Castellanos.

Por una parte, los jeltzales solicitaron formalmente, a través de un documento firmado por el portavoz municipal del PNV, Gorka Urtaran, y por la concejal Blanca Guinea, la comparecencia "extraordinaria y urgente" de la concejal delegada de Seguridad Ciudadana en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía. ¿El motivo? Sencillo. Ambos quieren conocer las causas que han dado lugar al cambio de director en Seguridad Ciudadana -en breve se nombrará a Jesús Muro, exresponsable del área de Investigación de la Ertzaintza en Vitoria- para ocupar el hueco de Sáez Lanas, autor del documento que propone, entre otras consideraciones, la estabilización de los mandos del cuerpo y que estos accedan a sus puestos a través de procesos internos de oposición basados en el mérito y no como ha ocurrido con asiduidad hasta la fecha, es decir, a través de comisiones de servicios.

Por su parte, desde Bildu, la edil Iratxe López de Aberasturi hizo lo propio y solicitó la comparecencia de Castellanos "ante una serie de informaciones ciertamente preocupantes". Al respecto, la concejal abertzale demanda "conocer las razones que han motivado el cambio en la jefatura de la Policía Local" y "el mapa real de las relaciones laborales existentes dentro del servicio, especialmente entre la dirección técnica, la política y los sindicatos". Asimismo, López de Aberasturi pedirá información sobre "el plan de renovación de la Policía Local que realizó el saliente Lanas".

Además, de las peticiones políticas, sobre la acción de gobierno del Partido Popular pesa la judicialización que afecta a varias de sus decisiones. En concreto, ErNE mantiene dos denuncias por los cambios implementados en las condiciones laborales de agentes y por el veto presuntamente impuesto por los populares a la libertad sindical de la central. Aparte, el PP ha recurrido un auto que afea el nombramiento del actual comisario jefe.