"Hay que parar esto, no podemos seguir así"

¿Hace falta que las personas acaben tirándose por la ventana para que se tomen medidas para frenar los desahucios?

El drama de Barakaldo es un hecho que no puede ser más contrario a la idea de justicia por la que trabajamos los jueces. El hecho de que en el curso de un procedimiento ejecutivo muera una persona de forma violenta es una clara expresión del fracaso del derecho, en su finalidad fundamental de conseguir justicia. Tengo que decir una cosa clara: hay que parar esto, no se puede seguir así. No solamente hay una clara conciencia social sobre la injusticia de los procedimientos ejecutivos hipotecarios por sobreendeudamiento familiar, sino que, además, las instituciones son conscientes de ello, también las instituciones europeas.

Además de reclamar del legislador que cambie la norma, ¿qué puede hacer un juez para frenar un desahucio de acuerdo con la ley?

Primero, garantizar que la persona sujeta a un procedimiento de desahucio pueda defenderse. En segundo lugar, comprometerse, y creo que estamos comprometidos, a hacer una aplicación del derecho en la que primemos el derecho a la dignidad de la persona sobre el derecho del acreedor a cobrar una deuda económica. Los principios generales del derecho nos permiten una aplicación de la ley que tenga un nivel de justicia que no será el óptimo mientras no se reforme la ley, pero sí el suficiente como para que jamás tengamos que volver a ver una persona que decida poner fin a su vida.

¿Qué vía tienen entonces los jueces para suspender las ejecuciones?

Los jueces que han suspendido las últimas ejecuciones apreciaban deficiencias en la posibilidad de defensa de los deudores hipotecarios. La excepción ha sido la última suspensión en Getxo, en donde se ha planteado una situación jurídica sobre la que no hay un cuerpo de jurisprudencia suficiente, ya que distingue entre la entidad financiera que concede el crédito y la entidad que lo ejecuta. Otra cosa que hemos detectado es que cada vez vamos a tener más cuestiones referidas estrictamente a prestamistas privados y a la usura.

¿También con consecuencia de un desahucio?

Sí. Son problemas directamente relacionados con préstamos usurarios relacionados con prestamistas privados. La voz de alarma la dio la ejecución del caserío Kukullaga de Berango. Hay que poner coto a ese tipo de prestamistas usureros.

¿Qué medidas legislativas ve absolutamente imprescindibles?

Las medidas ya estudiadas por los jueces, hasta el punto de que el documento se ha elevado al CGPJ, aunque por la razón que sea este no lo ha adoptado. En definitiva, hay que reequilibrar la posición del deudor respecto del acreedor. El procedimiento ejecutivo hipotecario está ideado para favorecer al acreedor, porque no está pensando en un deudor real de hoy en día, sino en una persona que no atiende a sus obligaciones contractuales porque, voluntariamente, no quiere. Sin embargo, el sobreendeudamiento familiar al que asistimos se parece bastante a un fenómeno de fuerza mayor. A nadie se le ocurriría que, después del terremoto de Lorca, las viviendas que quedaron destruidas y que se estaban pagando con préstamos hipotecarios, se ejecutaran. Pues bien, lo que ha ocurrido a las familias de clase media y que tenían una capacidad de consumo sobreendeudada es algo muy parecido a un terremoto. Nunca hubieran podido prever este nivel de falta de empleo y, aunque lo hubieran previsto, pensaban que contaban con la vivienda para hacer frente a ello. El decreto de promoción de buenas prácticas bancarias ya define esa situación de causa mayor.

¿Por qué entonces ese código ha tenido tan poca eficacia?

Porque va dirigido a unas cuantías de deudas que no se corresponden con la realidad, sino con una parte muy pequeña del fenómeno. En concreto, en la CAV ese código es prácticamente inaplicable aunque todos los bancos lo suscribieron, porque la mayor parte de las cuantías son muy superiores. Elevar esas cuantías sería un paso inmediatísimo, lo mismo que pasar a que sea de obligado cumplimiento para los bancos.

Solamente es cuestión de voluntad política.

Claro. Lo mismo que se aprueba un viernes una cosa se puede aprobar otro viernes otra. Hay que conseguir que la dación en pago sea generalizable, eso sí, con el mantenimiento de la familia deudora en el domicilio. Aunque los jueces podemos comprometernos a garantizar que el deudor tenga defensa, en estos momentos no tenemos los mecanismos. Por ejemplo, la juez que estaba llevando el procedimiento ejecutivo de Barakaldo no tenía ningún mecanismo para actuar porque estos deudores no se habían personado en la causa, no habían comparecido ni hecho alegaciones, así que no tenían defensa. En el procedimiento hipotecario, el que no comparezca el deudor no supone ningún obstáculo para que prosiga. Eso no ocurre en el caso penal, que no puede seguir adelante sin una defensa.

¿Cómo está afectando este cúmulo de situaciones a las comisiones judiciales que son las que tienen que ejecutar los desahucios?

Los profesionales de la administración de justicia vamos a estos temas llorados. Si no, no podríamos ser jueces o secretarios judiciales, que son los que van a los domicilios. La jueza del caso y el juez decano de Barakaldo están muy afectados, así como los funcionarios. Todos somos personas y tratamos de hacer nuestro trabajo de forma humana. Pero dicho eso, nuestro discurso es el discurso del derecho y nuestra actuación es la actuación de los medios que nos da el ordenamiento jurídico. A veces, es difícil sacar justicia del pedernal del derecho pero lo intentamos. Podemos estar orgullosos de los jueces del País Vasco y de Barakaldo; han tratado de sacar justicia del pedernal del derecho aunque no lo han conseguido, han fracasado. Mejor dicho, ha fracasado el derecho, no los jueces.