Vitoria. Parece que no hay vuelta atrás. Aunque, como en el resto de ámbitos de la vida, no conviene echar las campanas al vuelo antes de que se oficie misa. Tales consideraciones, en lo relacionado con el final de la amenaza nuclear que supone la central de Santa María de Garoña, derivan en un optimismo cauteloso ante las cada vez mayor número de evidencias que invitan a pensar en el cierre definitivo de la planta a lo largo del próximo año. No en vano, incluso desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España, se ha confirmado y reiterado a lo largo de las últimas semanas que sólo se trabaja en su seno con una única hipótesis. Y que ésta es la que incluye el final del periodo activo de la instalación del burgalés Valle de Tobalina el 6 de julio de 2013. No obstante, aún quedan fechas y recursos a los que Nuclenor -empresa propietaria de la infraestructura- puede agarrarse para tratar de dar la vuelta a la actual realidad y poder así seguir trabajando con la central, al menos, hasta 2019, como pretendía el Gobierno central en manos del Partido Popular (PP). De ahí que los términos absolutos en esta materia sean poco útiles. Al menos, hasta la fecha.

Ayer mismo, durante la celebración de unas jornadas en la sede madrileña del citado Consejo, su presidenta, Carmen Martínez Ten, volvió a recordar lo que por activa y por pasiva dicen los mensajes de carácter oficial respecto a la continuidad de la central nuclear de Garoña, ubicada a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa. Es decir, que la orden ministerial vigente es la que plantea "el cese definitivo de la planta" en julio de 2013. Así, lo que ahora hay sobre la mesa en la que se discute la viabilidad del recinto atómico apunta, y decididamente, al cierre de éste. Y, a tenor de lo escuchado, hay poco más que decir. Al menos, en términos públicos. De hecho, cada vez que se interpela a los responsables del CSN, estos recuerdan que los últimos posicionamientos respecto a la planta, conocida como la de las mil grietas en el ámbito ecologista, se ciñen al comunicado que se le remitió a la propietaria de la central. En él, se insta a la compañía a presentar la documentación precisa asociada a su "cese definitivo".

Ahora bien. En materia de políticas energética y nuclear en el Estado, nada es absolutamente blanco, como tampoco existe la oscuridad absoluta. La experiencia dicta que el trasiego de distintos colores políticos en las altas esferas de La Moncloa tiende a desdibujar las decisiones con la facilidad con la que éstas se dictan. Así, lo que hoy parecen pasos firmes en busca del cierre definitivo de la central, mañana pueden desandarse si se acierta con el vericueto legal, administrativo o impositivo que permita tal posibilidad. En ese sentido, hay una fecha: el 6 de noviembre. Hasta entonces, los servicios jurídicos de Nuclenor -subsidiaria de las multinacionales eléctricas Endesa e Iberdrola, que comparten el accionariado de la firma al 50%- tienen tiempo de elaborar un recurso, de armarlo y de defenderlo para intentar paralizar el protocolo abierto para cerrar la planta que, pese a todo, es capaz de facturar a razón de 150 millones de euros al año. Y eso, independientemente de las circunstancias, sigue siendo mucho dinero.

De ahí que diferentes fuentes mantengan que aún existen posibilidades de que Garoña revoque la actual situación. Al respecto, existen teorías que apuntalarían la posibilidad de que Nuclenor recurra judicialmente la decisión del Ministerio de Industria -competente a la hora de cerrar o facilitar la prórroga de la planta burgalesa- de no conceder en su día una prórroga adicional de dos meses al plazo habilitado para que la empresa decidiese si quería la prórroga del periodo de vida útil de la instalación o no. Cabe recordar que el plazo habilitado en su momento para tal efecto concluyó sin que la compañía comunicase nada, ni en un sentido, ni en otro.

Sin embargo, y sin obviar la citada teoría, sí que es cierto que los plazos previstos para el cierre de la planta se van consumiendo sin dilación. De hecho, Nuclenor tuvo la posibilidad de recurrir administrativamente la decisión que denegaba la prórroga de dos meses en el plazo habilitado para que la empresa pidiese la prórroga de su actividad. Esta posibilidad, la administrativa, concluyó el pasado 4 de octubre sin ninguna novedad al respecto. Y, según fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema energético estatal, tal posibilidad era mucho más factible que un recurso en vía judicial.

En cualquier caso, el CSN recuerda que, pase lo que pase, y se siga la vía que se siga, "adicionalmente a la remisión a Nuclenor de las instrucciones que han de guiar el cierre de Garoña, ya se están analizando los diferentes aspectos relacionados con la seguridad que se derivan de la no solicitud de la nueva autorización. El objetivo de estos análisis es continuar garantizando la seguridad de la planta, tanto en el periodo que resta de funcionamiento (hasta el 6 de julio de 2013) como en el posterior proceso de cierre y desmantelamiento de la instalación".

Es decir, que todo indica que la operadora está cumplimentando los procedimientos administrativos y protocolarios necesarios para acompañar el final de esta central nuclear. Desde el CSN se ha impuesto a Nuclenor una fecha para la entrega de los deberes. Estos deberán estar en la capital madrileña, precisamente, antes de 6 de noviembre del presente año.

Al respecto, el documento en el que se informa sobre esta decisión del CSN apuntala la sensación de que las propietarias de Garoña han preferido lo malo conocido que lo bueno por conocer para cesar la actividad de una recinto amortizado hace años antes de enfrentarse a los onerosos impuestos que el Gobierno central baraja imponer a las nucleares. Desde la citada organización de control nuclear se entiende que "teniendo en cuenta que no se ha presentado la solicitud de autorización en el plazo previsto, el Consejo ha aprobado remitir una nueva instrucción requiriendo a Nuclenor la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo.

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l Noviembre. Concluye el plazo para que Nuclenor remita al CSN las instrucciones para el cierre de Garoña.