La vicepresidenta y comisaria de justicia, Viviane Reding, asegura que no se rendirá pero su primer intento ayer por obligar a las grandes empresas europeas -de más de 2.500 trabajadores y con ingresos superiores a 50 millones- a incorporar un 40% de mujeres en sus consejos de administración no ejecutivos para el año 2020 obtuvo una sonora bofetada de sus propios colegas. La propuesta se queda de momento bloqueada en el seno de la Comisión Europea por falta de consenso y dudas del servicio jurídico aunque Reding presentará un nuevo texto en tres semanas, el próximo 14 de noviembre. "Llevamos luchando cien años así que una o dos semanas más no son un problema. La cuestión es que el servicio jurídico necesita más tiempo pero tomaremos una decisión en noviembre", aseguró. La iniciativa ya llegaba al debate rodeada de polémica y con la oposición de varias de las mujeres que integran actualmente el colegio de comisarios: la sueca Cecilia Malström, la danesa Connie Hedegaard, la holandesa Neelie Kroes y la alta representante para la política exterior, Catherine Ashton, que se oponen ideológicamente a las cuotas. Ayer se les sumaron numerosas voces -la irlandesa Máire Georghegan-Quinn, el austríaco Johannes Hahn o el belga Karel de Gucht- en una "intensa" y "ambiciosa" discusión, en palabras de Reding, que se prolongó durante algo más de hora y media y en la que no pudieron participar siete comisarios, algunos frontalmente opuestos a la medida como Hedegaard o Ashton, y otros que sí la ven buenos ojos como Joaquín Almunia y la griega, María Damanaki. Aunque Reding se escudó ayer en esas ausencias para explicar el retraso en la votación, lo cierto es que la oposición de al menos una decena de comisarios hacen hoy por hoy difícil su aprobación.
Difícil aprobación El Ejecutivo comunitario está de acuerdo "en que es necesario abordar la igualdad de género" pero también que "se necesita más tiempo para llegar a un consenso", reconocía el portavoz de Durao Barroso, uno de los sostenes de la iniciativa, junto con el francés, Michel Barnier, el finlandés, Olli Rehn, y el italiano, Antonio Tajani. Y es que más allá de lo que opinan sus colegas, el problema se centra en las dudas del servicio jurídico sobre la capacidad de la UE para obligar a los Estados a alcanzar una determinada cuota. Según la jurisprudencia del tribunal europeo solo es posible fijar los medios para llegar al objetivo. Reding explicó ayer que hay varias opciones y que ya ha elaborado un nuevo texto de compromiso que someterá al escrutinio político de sus colegas. "Tiene en cuenta las recomendaciones del servicios jurídico" y también el principio "de subsidiariedad", aseguró. La iniciativa mantendrá el objetivo del 40% y el año 2020 como fecha para lograrlo pero no desveló cómo quedará el sistema de sanciones para las empresas que incumplan los objetivos, y que según diversas fuentes serán los gobiernos quienes definirán y decidirán. La discusión llega precedida por la negativa de la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo a aceptar el nombramiento del luxemburgués Yves Mersch como nuevo consejero del BCE porque no puede ser, según su presidenta Sharon Bowles, que "la institución más poderosa de la UE vaya a estar dirigida solo por hombres durante los próximos seis años". La decisión no es vinculante pero sí muy incómoda para los gobiernos. Tanto que el presidente de la UE, Herman van Rompuy, urgió ayer a los eurodiputados a dar luz verde al nombramiento. Lo cierto es que una vez que sea nombrado Mersch el ejecutivo del BCE será 100% masculino hasta 2018.
