PALMA DE MALLORCA. En concreto, la sentencia de conformidad considera a Moisés -para quien inicialmente la Fiscalía solicitaba cuatro años y medio de prisión- autor de un delito de malversación de caudales públicos en concurso con otro de prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, a raíz de beneficiarse de la concesión de un contrato menor de 12.000 euros públicos por la realización de un estudio sobre accesibilidad del que no existe constancia.

En el caso de King, quien en su día ya admitió su participación en estos hechos, se le considera autora de un delito de malversación y de prevaricación. En lo que se refiere a las circunstancias atenuantes que les han sido aplicadas, sobre Moisés concurre la de reparación del daño, tras haber consignado la cantidad de 12.000 euros, mientras que a King se le ha aplicado la misma -abonó 16.000 euros por el daño ocasionado- así como la de confesión.

El escrito de conformidad, firmado por el fiscal Pedro Horrach, la abogada de la Comunidad Autónoma y los abogados Gaspar Oliver -defensor de Moisés- y Laureano Arquero -letrado de King-, relata las gestiones que se llevaron a cabo desde el gobierno balear después de que Moisés reclamase de forma continua que se le incrementase el sueldo que ganaba como gerente del Palma Arena por considerarlo insuficiente -2.400 euros mensuales netos-.

Así, King, que ocupaba el cargo de secretaria general técnica de la Consejería de Relaciones Institucionales, llevó a cabo las gestiones necesarias para favorecer a Moisés en este sentido. Todo ello con el objetivo de que, de forma "arbitraria", se crease un expediente de contratación que le permitiera cobrar por un servicio "innecesario e inútil para la Administración" y que "no entrañaba trabajo alguno" para el exgerente.

Se trata de la segunda pieza del caso Palma Arena que va a juicio, después de que el pasado mes de enero fuese enjuiciado otro de los 26 flecos en los que se divide esta compleja causa. En esa primera ocasión el expresidente Jaume Matas fue condenado a seis años de prisión por la contratación irregular, con fondos del Govern, del periodista Antonio Alemany, quien era el encargado de redactar los discursos de Matas.