Vitoria. Si se tratara de una partida de cartas, Nuclenor habría lanzado un órdago al Gobierno central al rehusar tramitar dentro de los plazos marcados la renovación de la prórroga para mantener operativa la central nuclear de Santa María de Garoña. Ahora le toca al Ministerio de Industria decidir si la firma coparticipada por Iberdrola y Endesa va de farol. Como telón de fondo, como siempre ha sucedido, el dinero. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha establecido que son necesarios cerca de 120 millones de inversión en la planta para certificar su seguridad y, con los datos de los últimos tres años de funcionamiento en la mano, a Nuclenor no le cuadran los números. Argumenta que debido a la falta de información segura y la incertidumbre sobre las medidas que Industria está barajando para resolver el déficit de tarifa, no está en condiciones para tomar una decisión responsable sobre el futuro de la planta. Es decir, que si no se le garantiza la rentabilidad de la infraestructura, renunciará a continuar con su explotación. Con la intención de garantizarse un colchón de tiempo suficiente para mantener vivo este pulso, la empresa solicitó una ampliación del plazo para tramitar la renovación de la autorización gubernamental, pero el Ministerio que dirige José Manuel Soria se lo denegó argumentando que ello implicaría un recorte del tiempo que requiere el Consejo de Seguridad Nuclear para gestionar la concesión de la prórroga. "Una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión", indicó. Ante esta negativa, Nuclenor optó por mantener una puerta abierta y comunicó al Ministerio que "en el caso de que se despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la planta, podría solicitar la renovación". Como ha sucedido en ocasiones anteriores, el Gobierno Central tiene en su mano variar los tiempos y las condiciones, pero Soria se mostró ayer contrario a desmarcarse de las directrices del CSN.

alegría y preocupación Los colectivos verdes, como Ecologistas en Acción o Greenpeace, recibieron ayer con alegría la noticia de que Nuclenor no pidiera la prórroga de Garoña e interpretaron que la empresa mantiene "un pulso y un chantaje al Gobierno". Señalaron que uno de los factores que más ha pesado en esta decisión es que los titulares de la planta "saben que no está en buenas condiciones" y temen que pueda ocurrir algún fallo, lo que redundaría en más inversión. La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, dio ayer por hecho que la explotación no continuará al recordar que el plazo fijado por el BOE para su tramitación expiraba el 6 de septiembre.

Por su parte, los responsables del comité de empresa de la central nuclear burgalesa manifestaron ayer su "preocupación" y su "sorpresa" ante la postura adoptada por Nuclenor y señalaron que tomarán las medidas que sean necesarias para defender los intereses de los trabajadores de Garoña.