BARCEONA. Mestre ha señalado que de los 223.134 inscritos que hay hasta el mes de agosto, 177.067 consumidores lo están para no recibir publicidad a través del teléfono, fijo o móvil, lo que significa que este canal de publicidad es el que más molesta a los ciudadanos, por encima de los mensajes o los SMS telefónicos, los correos electrónicos o el correo postal.

Madrid y Barcelona son las ciudades que tienen más personas inscritas, mientras que Teruel, Ávila y Soria son las que cuentan con menos presencia en la lista, y por sexos, predominan un poco más las mujeres, que suponen un 53 % de los inscritos.

A través de Internet, cualquier persona puede inscribirse en la Lista Robinson de forma gratuita y señalar el canal a través del cual no desea recibir publicidad de entidades con las que no mantiene ni haya mantenido algún tipo de relación.

Según Mestre, se pueden señalar todos los canales o sólo los que más molestan y los datos constatan que lo que peor tolera la gente, por lo que invaden, son las llamadas telefónicas.

En este sentido, ha puntualizado que se da el caso de que cuando las operadoras ponen en marcha campañas de propaganda agresiva a través del teléfono, es cuando más crece el número de personas que se apuntan a la Lista Robinson, "porque a los ciudadanos les molestan mucho las llamadas a horas intempestivas y que interfieren en su vida para ofrecerles algo que no han solicitado".

Contra el correo postal se han dado de alta en la lista hasta ahora 98.566 personas, contra los SMS o mensajes de teléfono 93.658 y 89.388 personas no quieren recibir correos electrónicos publicitarios.

El director de Desarrollo Corporativo de la Lista Robinson, César Tello, ha informado de que, desde el año 2009, las entidades tienen la obligación de consultar la Lista Robinson, que está gestionada por la Asociación Española de la Economía Digital, antes de enviar comunicaciones comerciales.

Las empresas tienen también la obligación de excluir a las personas que están inscritas en ella, ya que su objetivo principal es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas.

En el plazo máximo de tres meses, las personas inscritas dejan de recibir propaganda, pero si esto no sucede y la siguen recibiendo, el ciudadano puede denunciarlo a la Agencia de Protección de Datos (APD), que es la que tutela el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Tello ha añadido que cuando se constata que hay una vulneración del derecho a la protección de datos de una persona, la APD abre un expediente informador y si procede sancionador, con multas que pueden alcanzar hasta los 60.000 euros.