madrid. La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 recuerda hoy a las 154 personas que murieron el 20 de agosto de 2008 en el accidente de un avión de la compañía Spanair en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con la "impotencia" de no poder demostrar aún la verdad de lo que ocurrió aquel día.
Así lo ha señalado en una entrevista su presidenta, Pilar Vera, que destacado que este cuarto aniversario coincide con la "batalla tremenda" que siguen para que se revise el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, cuyas conclusiones son "completamente falsas". Vera recordó que solicitan al Parlamento Europeo la revisión del informe oficial con que el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, se basa para cerrar el pasado diciembre la instrucción del accidente e imputar a dos técnicos de mantenimiento, poniendo de nuevo "el contador a cero".
Las víctimas creen que la instrucción judicial se ha concluido demasiado pronto, opinión compartida por el Colegio de Pilotos (Copac), que el pasado día 1 pidió que se reabriera la investigación del accidente porque el informe de la CIAIAC tenía "numerosos errores".
revisión de fomento Por ello, tienen la convicción de que van a lograr esta revisión, pero confía en que previamente lo haga el Ministerio de Fomento, cuya titular, Ana Pastor, se comprometió a intentar ayudarles con su petición de que comparezca en sede parlamentaria la presidenta de la CIAIAC, Rosa María Arnaldo.
Según el auto del magistrado, los dos técnicos imputados -José Antonio Viñuelas y Felipe García- debieron seguir investigando el 20 de agosto de 2008 el fallo detectado en el avión antes de decidir aplazar su reparación y despachar el avión, según lo también apuntado en el citado informe. Además, concluía que no era "posible" conocer la causa del fallo que se produjo en el TOWS -sistema de advertencia de configuración inadecuada para un despegue-.
El juez acusa a los dos técnicos de 154 delitos de homicidio imprudente -por los que la acusación popular representada por la asociación pide cuatro años de prisión por cada uno, más de seiscientos años de cárcel- y de 18 delitos de lesiones imprudentes por el número de heridos. Sin embargo, la asociación acusa al juez de no querer "complicarse la vida" llegando al final de la investigación y de "cerrarla en falso", y cree que la verdad de lo ocurrido aquel día se encuentra en el "antes, el durante y el después" de la catástrofe.
El antes, porque el certificado de renovabilidad del aparato siniestrado vencía el 22 de julio y se prorrogó durante otro mes, cuando el avión tenía que haber entrado "en parada completa", explica Vera.
