Madrid. El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, confirmó el jueves que los 'sin papeles' crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí", aseguró.
En unas declaraciones realizadas a Radio Nacional y recogidas por Europa Press, indicó que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social", sostuvo.
Así, Rivero reiteró que existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señaló que será el médico quién decidirá si es urgente, "y si hay que tratar a ese paciente".
Según su criterio, "no puede ser otra persona" la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología "mucho más compleja de la que tiene en ese momento", manifestó.
No obstante, Rivero puso de relieve que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias", concluyó.
Por su parte, al cumplirse un mes después de que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) pidiera a los médicos recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes, han sido ya 1.035 profesionales que se han acogido a este derecho.
Según confirmó a Europa Press el secretario general de SEMFYC, Salvador Tranche, esta propuesta fue bien acogida entre los Médicos de Familia, por lo que calificó de "excelente" que en tan sólo un mes se hayan sumado más de 1.000 facultativos.
"Es poco tiempo pero parece que la respuesta es excelente, teniendo en cuenta que mucha gente está a favor pero que le cuesta un poco manifestar públicamente su objeción", comentó.
Y es que, a juicio de la Sociedad, el Real Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España, supone un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos pacientes.
Asimismo, y con el objetivo de que este colectivo sea tratado de la mejor manera posible, Tranche adelantó que en la próxima semana van a abrir en la página 'web' de SEMFYC una opción para que puedan acogerse a este derecho los profesionales sanitarios de otras especialidades, los trabajadores sociales o los enfermeros.
Sin embargo, el Consejo de Enfermería advirtió a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España.
"Desobediencia civil" Además, les recordó que, por este motivo, tratar a inmigrantes en situación irregular puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.
En este sentido, el Consejo, tras consultar a los servicios jurídicos de la organización,señaló que el Ministerio de Sanidad es la única entidad estatal con plena competencia para decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos. Por ello, cuenta con la potestad de acudir al Estado de Derecho y así hacer cumplir dichas normas.