MADRID. El País Vasco es la comunidad autónoma que más dinero dedica a la Justicia por habitante, 70,6 euros, mientras que en el extremo opuesto se sitúa Galicia, con 39 euros. Así se recoge en el estudio La Justicia dato a dato de 2011, que ha sido coordinado por los vocales responsables de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Miguel Carmona y Antonio Dorado. Dicho análisis confirma que el gasto de la CAV en Justicia fue el pasado año, en términos absolutos, de 154,2 millones de euros, lo que supone en 0,23% del PIB.

El País Vasco, Cataluña (70,5 euros) y Canarias (59,7) son las comunidades que más dinero dedican a la Justicia por habitante, mientras que Galicia, la Comunidad Valenciana (46,1 euros) y Andalucía (48,2) son las que menos cuantía emplean en esta materia. El gasto total en esta materia, resultante de la suma de los presupuestos de las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, alcanza los 3.727 millones de euros, lo que arroja una media de 79 euros por habitante. Al respecto, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, explicó que los datos reflejan que la Administración de Justicia ha estado "abandonada" desde hace varias legislaturas en cuanto a la dotación de los instrumentos precisos para ser eficiente, ya que no ha contado con los presupuestos adecuados en un Estado moderno.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, destacó la necesidad de mejorar la organización y aumentar la inversión para paliar el retraso estructural de la administración de justicia. Por su parte, desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, señaló que el coste de la justicia es bajo, teniendo en cuenta que la carga de trabajo de los juzgados y tribunales es la más alta de Europa. En concreto, la inversión en justicia es "la gran asignatura pendiente" de la democracia porque históricamente ha sido inferior a la de otros sectores como la educación o la sanidad, según el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado.

La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, María Moreto, lamentó que ningún Gobierno haya considerado nunca prioritario el gasto en Justicia y ve "insuficientes" las inversiones realizadas por las comunidades y el ministerio para mejorar los edificios y sistemas informáticos, en proporción al aumento del número de asuntos.

Las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia aportan 2.111 millones de euros al total nacional, mientras que al ministerio le corresponden 1.541 millones y 74 millones al órgano de gobierno de los jueces. Las autonomías que más dinero dedican a la Justicia en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) son las Islas Canarias (0,30%), Andalucía (0,28) y Cataluña (0,27), mientras que las que menos son la comunidad foral de Navarra (0,18), Galicia y Madrid, en ambos casos un 0,19%.

En términos absolutos En términos absolutos, los presupuestos de Justicia más elevados corresponden a las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (531 millones), Andalucía (406 millones) y Madrid (358 millones), mientras que los más bajos son los de Cantabria (32 millones), Navarra (33 millones) y el Principado de Asturias (54 millones). Las comunidades autónomas que quedan pendientes de recibir el traspaso de la Administración de Justicia son Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. La estadística del CGPJ no incluye a La Rioja, aunque el traspaso de las competencias de Justicia a esta comunidad se ha hecho efectivo el 1 de enero 2011.