vitoria. Las Juntas Generales dejaron ayer más solo que nunca al PP en Álava en el tema de la posible desaparición del consorcio para la educación compensatoria y formación ocupacional de Vitoria Pedro Anitua debido a la retirada de financiación en los presupuestos institucionales. Pero el poder de las urnas deja que sea precisamente sólo el grupo popular, líder tanto del gobierno municipal como del foral, el que tenga la última palabra sobre esta institución, que lleva 27 años trabajando por la integración sociolaboral de jóvenes, más allá de los esfuerzos de la oposición por salvar en última instancia al colectivo.

El último intento se vivió ayer en las Juntas Generales. La oposición de la Cámara alavesa en bloque firmó una moción para apremiar a la Diputación a que respalde al consorcio para que pueda seguir adelante con su actividad el curso que viene. Un texto que sólo contó con el voto contrario del grupo juntero popular y que deja en el aire el cumplimiento de la misma por el ejecutivo foral, dado el carácter no vinculante de este tipo de documentos.

La enmienda transaccional suscribe que esta institución se posiciona "en contra de la disolución del consorcio Pedro Anitua" e insta al gabinete De Andrés a que aporte a través de un convenio que el Departamento de Promoción Económica deberá firmar esta misma semana "la cantidad económica necesaria para diversos proyectos de integración sociolaboral". Según confirmaron ayer desde el propio consorcio, esta cifra se cuantifica en alrededor de 120.000 euros.

Este recurso ya sobrevivió el curso pasado sin la subvención foral, retirada por el anterior gobierno jeltzale de Xabier Agirre en base a un incumplimiento de convenio y, en consecuencia, ausencia de competencia foral al respecto, pero la ausencia de un previsión de recursos tanto en los presupuesto forales de este año como la reducción de 79.000 euros en los municipales llevó al Consorcio a explicar públicamente que deberá cerrar sus puertas el año que viene si ambas instituciones no modifican su parecer.

Así las cosas, a propuesta del PSE -con enmiendas propuestas por EB, PNV y PP- el debate más intenso de la mañana de ayer giró en torno al futuro de este servicio. Por su parte, el procurador socialista, David Romero expresó su indignación por la intención del ejecutivo foral de reducir todo al mínimo, incluso en proyectos de tanto calado y eficacia como éste. "Los gobiernos foral y municipal pretenden cargarse el consorcio. Existe una clara falta de voluntad política para mantener este tipo de servicios sociales", lamentó.

Por su parte, la portavoz de EB, Nerea Gálvez, defendió la necesidad de sumar esfuerzos con la mayor celeridad posible para que se pueda asegurar la planificación del próximo curso. "Los responsables de estos jóvenes se están pasando la pelota de uno a otro", criticó. Por otro lado, la procuradora del PNV, Covadonga Solaguren, defendió la rescisión del convenio durante su mandato al frente del Departamento de Políticas Sociales en la anterior legislatura en base "a los malos gestores" que no cumplieron con la atención a los menores extranjeros no acompañados incluida en el acuerdo y defendió la necesidad de resolver la situación sin afectar a la plantilla. "Que busquen una solución para los trabajadores y no busquen excusas. Ha habido errores de los gestores, no de los trabajadores", esgrimió.

responsabilidad Sin embargo, la procuradora de Bildu Itziar Lekuona se refirió más a la necesidad de ir más allá de las competencias puramente delimitadas a Educación, y atender a las reales que se prestan desde este servicio y que afectan también al área social, como las acciones del conocimiento del entorno o el acompañamiento a necesidades básicas y documentales que también realiza el consorcio. "La Diputación también tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. El Ayuntamiento y la Diputación priman reducir el gasto a cubrir las necesidades sociales", apuntó.

Por su parte, la portavoz popular, Ana Morales, rebatió que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, a los que consideró competentes en esta materia por referirse a temas de Educación e inserción laboral, tienen "un acuerdo para poner fin a este consorcio" . Morales recordó que la Diputación cumple con sus obligaciones con los tres millones de euros que dedica a la atención de los menas, "pero no existe la obligación para la educación compensatoria".

Sin embargo, el propio gerente de Pedro Anitua, Jaime Gómez, confirmó ayer a este periódico que Lakua está dispuesto a cumplir con lo acordado, cercano a los 420.000 euros, mientras que son Ayuntamiento y Diputación los que les mantienen en vilo. "Esto es un paso adelante pero como no es vinculante, al final, lo que necesitamos es que la Diputación se comprometa. Estamos trabajando para que se mantenga el servicio pero, a día de hoy, con lo establecido en los presupuestos no sólo podremos llegar hasta agosto", valoró Gómez.