DONOSTIA. Rodríguez, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la directora foral de Atención a la Dependencia, Txelo Pérez, ha dicho que la Diputación de Gipuzkoa pedirá al Gobierno del PP que "desista" de reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por entender que supone "un recorte de derechos brutal para las personas dependientes".

Lo hará mañana en el pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomúia y Atención a la Dependencia que se celebrará en Madrid y a la que asistirán la ministra de Sanidad, Ana Mato, representantes de todas las comunidades autónomas y de las diputaciones vascas.

El diputado de Política Social ha asegurado que el gobierno de Bildu está "radicalmente en contra" de esta reforma y, aunque considera que se tienen que introducir modificaciones en la Ley de Dependencia, "tienen que ir por el camino contrario" al que plantea el Gobierno.

En su opinión, la Comunidad Autónoma Vasca tiene competencias propias en esta materia y por ello la intención de su departamento es mantener la Ley de Dependencia "como ahora la conocemos".

Ha recalcado que intentarán que los guipuzcoanos que reciben ayudas por diferentes conceptos regulados en esta norma "no se vean afectados en la medida de lo posible por esta contrarreforma", si bien ha aclarado que aún se desconoce la cuantía que tendría que asumir la Diputación, que anualmente recibe del Estado 30 millones de euros por la Ley de Dependencia de un total de 200.

Txelo López ha destacado que las 4.553 personas que ocupan una plaza residencial concertada con la Diputación podrían sufrir las consecuencias de la subida del copago y que la mayoría de las 10.430 que cobran una prestación para el cuidado de personas del entorno familiar se verían afectadas.

No obstante, lo "más preocupante" para Rodríguez es si se decide suprimir el actual convenio con la Seguridad Social, ya que conllevaría la retirada del pago de la cotización de los cuidadores de personas dependientes y en esta materia el ente foral carece de competencias para contrarrestar la medida.

Ha precisado que esta medida afectaría a más de 3.300 guipuzcoanos que no cotizan a la Seguridad Social por otro trabajo y son aproximadamente un tercio de los cuidadores del territorio.

"Esto es un ataque frontal contra la Ley de Dependencia, un recorte de derechos inasumible y un paso atrás en el estado de bienestar", ha recalcado.