DONOSTIA. El respaldo del PSE-EE al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Finanzas sobre el proyecto de norma impulsado por el gobierno de Bildu ha hecho posible su aprobación durante esta sesión, en la que PNV y PP han votado en contra al entender que se trata de una medida meramente recaudatoria y que no resolverá el problema de las viviendas vacías.
Éste ha sido el primero de los dos puntos incluidos en el orden del día del tradicional pleno itinerante que la cámara guipuzcoana celebra cada año para cerrar el curso político, aunque en esta ocasión tendrá su epílogo en una sesión que abordará el miércoles algunas cuestiones pendientes y en la extraordinaria que debatirá la moción de censura presentada contra el diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, por las diferencias en la gestión de los residuos.
El segundo y último punto tratado ha sido la designación de Irun como sede del pleno itinerante del 2 de julio de 2013.
La sesión ha comenzado con las palabras de bienvenida del alcalde de la localidad, Juan Luis Illarramendi, de Bildu, quien ha apelado al "acuerdo entre diferentes" como "visión de futuro" de los grupos junteros, en vez de las "polémicas y litigios" en los que están "envueltos" los distintos partidos.
Ha dicho que se viven "tiempos esperanzadores" para la normalización y la convivencia que "no hay que dejar pasar" y ha reivindicado la llamada Declaración de Aiete como "hoja de ruta" porque con su aplicación "todos saldríamos ganando".
El inicial tono protocolario del pleno ha dejado paso al debate político con las intervenciones de los portavoces de los grupos para exponer sus posturas sobre la norma que introduce varias modificaciones en la tributación local y que, además del recargo del IBI para las segundas viviendas, afecta también al Impuesto de Actividades Económicas, al de plusvalías y la Ley de Mecenazgo.
Con esta norma, los ayuntamientos tendrán potestad para poder imponer un recargo en el IBI de hasta el 150% sobre las viviendas que no constituyan residencia habitual.
Además el límite de exención del IAE pasará de dos millones de euros a un millón, mientras que en el caso de las plusvalías, cuando se ejecute una hipoteca, el nuevo propietario de la vivienda pasará también a ser el sujeto pasivo del impuesto y no la persona que la transmite.
Los partidos que defienden la norma han argumentado que, aunque el gravamen del IBI no acabará con el problema de las viviendas vacías, lo puede paliar y se trata de que "paguen más los que más tienen".
De esta manera, se da una solución a "un problema que ha estado bloqueado durante años, según ha destacado la portavoz de Bildu, Idoia Ormazabal, quien ha puesto en duda por otra parte que aquella empresa que facture por encima de un millón de euros sea una pyme o una microempresa, a las que PNV y PP creen que perjudicará el cambio de tramo del IAE.
Itziar Agirre, del PNV, ha dicho que incrementar las tasas para aumentar los ingresos de los ayuntamientos conllevará "el empobrecimiento de la clase media", mientras que Juan Carlos Cano, del PP, que con "la excusa de la crisis se pretende un retroceso en el modelo económico y social".
