"El Gobierno Vasco nos ha ignorado con prepotencia y soberbia, desprecia la labor de los colegios de abogados"

En resumen, es una norma que desarrolla la Ley Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, en relación con la ordenación del servicio y con el procedimiento para el reconocimiento de este derecho a los ciudadanos con menos recursos y su tramitación, con la provisión de medios necesarios para su funcionamiento y con la forma de pago, conceptos e importes a cobrar por el servicio que se presta. No puedo decir con seguridad en qué difiere, porque no dispongo del texto final, pero por los borradores que pude ver en su momento, una de las diferencias principales se encuentra en una reducción de servicios y una mayor carga burocrática del trabajo para los colegios y abogados, a coste cero para la Administración.

Da la sensación de que sus diferencias con el departamento comenzaron tras el fallecimiento del señor Fínez y su sustitución por Victoria Cinto como interlocutora. ¿En qué cambiaron los planteamientos de uno y otra?

No voy a personalizar el conflicto. Las diferencias con el departamento empezaron desde el momento en que no se quiso escuchar a quienes prestan un servicio que para la ciudadanía tiene una nota media de notable, limitándose a cumplir el trámite de reunirse con nosotros simplemente para eso, para cumplir el trámite. Todo ello sumado a las reiteradas faltas a la verdad expresadas desde la consejería de Justicia en comparecencias públicas.

¿Han tenido finalmente acceso al texto final? ¿Hay alguna novedad relevante?

No se nos ha dado traslado del texto final, a pesar de haberlo solicitado expresamente y del papel fundamental que tenemos en la prestación del servicio. Sobre las novedades, espero que realmente sean positivas para la ciudadanía y que no sean una mera excusa para ahorrar costes reduciendo derechos. No estamos hablando de partidas económicas elevadísimas en comparación con muchas otras y considerando los derechos que están en juego.

Tachan ustedes la actitud de los representantes del Gobierno de autoritaria y prepotente, y afirman que éstos carecen de la formación jurídica suficiente para tratar sobre la justicia Gratuita con ustedes. ¿A qué achacan que se haya elegido esta interlocución?

A la falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo. Para tratar la justicia gratuita con representantes políticos y técnicos, éstos deben saber de qué están hablando realmente, porque no basta con disponer de cifras y estadísticas para concluir que se conoce el funcionamiento real del sistema. Hay que vivirlo de primera mano y, si no es así, escuchar con atención a quien lo hace, a quien lo presta. Sin embargo, han sido constantes las declaraciones realizadas por los representantes del Gobierno en el sentido de despreciar la labor de los colegios de abogados, apelando a su poder de decisión sin necesidad contar con nosotros. Se nos ha ignorado con prepotencia y soberbia, sin evidenciar una verdadera actitud dialogante en cuestiones fundamentales.

Se les ha acusado de pretender cobrar más dinero por ejercer el turno de oficio. ¿Es cierto?

Lo único cierto en relación con el cobro del servicio es que existen numerosas actuaciones realizadas por los abogados del turno que no se cobran. Lo que es cierto es que hay supuestos en los que se solicita que intervenga un abogado del turno sin que se haya acreditado previamente que se dispone de justifica gratuita y finalmente el abogado se queda sin cobrar. Eso es lo cierto, que hay abogados que no cobran por el trabajo que realizan. Si quisiéramos más dinero no hubiésemos estado conformes con mantener los importes de 2008, sin incremento siquiera del IPC. Lo hemos hecho siendo conscientes de la situación económica actual y a pesar de que llevamos años reivindicando que el importe se aproxime a los baremos orientadores de la profesión, sin éxito. No hemos pedido más que lo que corresponde por trabajar, no un incremento de lo percibido. Desde la Administración se habla de igualdad y se olvida de que los abogados también somos ciudadanos, que al igual que el resto, quiere cobrar por trabajar y quiere hacerlo de manera digna.

En su carta abierta critican que a veces la Administración concede el litigio gratuito con "ligereza", pero a la vez parece que quieren que sean ustedes quienes diriman a quién se le presta y a quién no. ¿Trata la Administración de descargarse de trabajo delegando en los colegios?

Por supuesto. Durante muchos años los Colegios han estado realizando tareas que corresponden a la Administración, por el bien del servicio que se presta en general y de sus beneficiarios en particular. Ahora se pretende que hagamos más labor administrativa, no sólo a cambio de nada, sino por menos. El Gobierno Vasco ha pretendido inmiscuirse en la gestión del turno, que compete por Ley a los Colegios, apelando a la transparencia y enmascarando así una interesada y gravísima acusación de oscurantismo en dicha gestión por nuestra parte. No puede tacharse a los colegios de falta de claridad en la tramitación, puesto que disponemos de todos los mecanismos precisos para justificar todas y cada una de nuestras actuaciones y así se ha hecho siempre. Nunca nos hemos opuesto a un control del gasto, puesto que, de hecho, lo exigimos. A lo que nos oponemos es que un mayor control deba suponer un mayor coste y un mayor trabajo no remunerado para los abogados. El control de la administración debe ser costeado por la propia Administración.

¿Qué retos afronta hoy la Justicia Gratuita -probablemente la falta de fondos de las administraciones- y por qué consideran que el Gobierno pretende escurrir el bulto con este decreto?

Así es. Hay falta de fondos, se pretende pagar menos y el reto está en que ello no implique un recorte en los derechos adquiridos por la ciudadanía. Parece ser que el Gobierno quiere que sean los abogados quienes carguen con el problema. Como ya he dicho, hemos estado trabajando gratis en muchos asuntos y nos hemos estado callando dados los problemas económicos existentes, remitiéndonos constantemente a la labor social de la abogacía. Lejos de reconocerse el esfuerzo y a pesar de ser consciente del mismo, lo que ahora pretende la Administración es penalizarnos con mas carga de trabajo a cambio de menos importe. Escurre el bulto, desatendiendo sus obligaciones.

¿Existe un perfil concreto del ciudadano que se acoge a este servicio? ¿Hay más demanda por la situación de crisis económica?

Por desgracia, hoy en día no existe ningún perfil concreto y cualquier persona puede acabar solicitando la concesión del beneficio de justicia gratuita, al encontrarse en una situación económica difícil. Sí, se ha incrementado la demanda en determinados ámbitos civiles -desahucios, ejecuciones hipotecarias, etcétera- y laborales, pero también existe el problema de que hay personas que a pesar de contar con ingresos que superan los mínimos exigidos por Ley y, por tanto, de no disponer de Justicia Gratuita, no pueden pagar a un abogado porque se les va la nómina en pagar la hipoteca y subsistir. Este es uno de esos casos en los que el abogado termina trabajando sin cobrar, para garantizar los derechos de defensa de todos los ciudadanos. Parece ser que a la Administración no le apetece ver esta realidad social.