Vitoria. Lo advirtió el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, hace más de dos semanas y ayer ahondó con más datos en esta misma cuestión su responsable de Política Social, Ainhoa Domaica. El Ayuntamiento vitoriano ha tenido que adelantar un total de 116.738 euros en ayudas sociales a 162 familias de la ciudad perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) por los retrasos acumulados en el Servicio vasco de Empleo, Lanbide, que asumió en enero la gestión de estas prestaciones. Estas unidades convivenciales, sumidas en situaciones críticas, se han visto desprovistas de todo apoyo económico desde que Vitoria trasladó sus expedientes al Gobierno Vasco y obligadas, en consecuencia, a pedir auxilio al Ayuntamiento, que ha adoptado esta iniciativa excepcional con la vista puesta en las familias con niños o en situación de "urgencia social". Hasta la fecha, ha puesto a su disposición 183 prestaciones económicas. Los perceptores, cuando por fin reciban las ayudas que les corresponden a través de Lanbide, deberán devolver las cantidades adelantadas por el Consistorio, que se han concedido con cargo a las Ayudas de Emergencia Social (AES) que éste sigue gestionando.
Domaica, cuestionada por el concejal socialista Peio López Munain, denunció la "tragedia humanitaria" que está perpetrando el Ejecutivo de Patxi López a cuenta de estos retrasos. En lo que va de año, Lanbide sólo ha resuelto 276 de los 2.282 expedientes que Gasteiz le trasladó a finales del pasado diciembre, antes de que el Servicio de Empleo asumiese la competencia. Sólo un 12% del total, según los datos aportados por el Ayuntamiento.
No obstante, apenas tres horas después de que Domaica ofreciese estos datos, el propio Maroto y la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, mantuvieron una reunión de urgencia para intentar encauzar esta grave situación que concluyó con un compromiso de ambas partes para que "nadie quede desprotegido" de aquí en adelante. A priori, un esperanzador primer paso, adornado con un deseo mutuo de "cerrar la polémica". El Consistorio y Lakua pretenden que en la próxima nómina se cierren "todos los casos" que pudiera haber pendientes en Gasteiz para que no sea necesaria ningún tipo de ayuda complementaria para los perceptores como ha sucedido hasta el momento. Ambas instituciones se reunirán de nuevo la próxima semana para avanzar en el cruce de datos.
Antes, Domaica también había censurado que el PSE en el Consistorio vitoriano se haya mantenido "mudo" en torno a esta peliaguda cuestión hasta ahora. "¿A quiénes van a defender ahora, a las familias que están sin cobrar y no tienen para comer o al Gobierno del señor López?", cuestionó la edil a López de Munain durante un duro cruce dialéctico que se precipitó tras poner éste en entredicho el proceder del Consistorio en este caso, a su juicio "un poco a la ligera" o "intentando enmendar la plana" al Ejecutivo autonómico. "Me deja estupefacta", replicó Domaica hasta en tres ocasiones al exresponsable de su área tras escuchar sus argumentos.
Críticas A la hora de conceder las prestaciones a una u otra familia, en función de su necesidad, el Ayuntamiento se ha basado en informes elaborados por las trabajadoras sociales de base, que realizan su labor en los centros cívicos. Los servicios sociales de El Campillo, Iparralde y El Pilar se encuentran hasta ahora a la cabeza en la concesión de ayudas que no han podido cobrarse por los retrasos de Lanbide, con 48, 23 y 21 familias afectadas, respectivamente.
En este punto, la responsable de Política Social volvió a cargar contra Lanbide, que desde que comenzó a tramitar las RGI y las PCV "no ha querido coordinarse con este Ayuntamiento y ha entendido que podía asumir todo desde el minuto uno". Domaica defendió que su equipo "todo lo que ha hecho ha sido facilitar" el trabajo a Lanbide, aunque sin demasiados efectos positivos porque "dos no se coordinan si uno no quiere". A día de hoy, el Consistorio vitoriano se encuentra en plena fase de realización de un documento de reclamo de pago para remitir a las familias cuando constate que éstas comienzan a cobrar sus ayudas desde el Servicio de Empleo. Está previsto que lo hagan en bloque, todos los retrasos de una vez. "No teníamos que estar en esta situación, porque Lanbide debería cumplir con su obligación", criticó Domaica.
Se da la paradójica circunstancia, además, de que la sociedad pública únicamente disponía de un plazo legal de dos meses para resolver los expedientes que recibió en su día desde el Consistorio gasteiztarra, un tiempo que una vez transcurrido ha desembocado en el denominado silencio administrativo positivo. Esto implica que todas esas prestaciones deberían estar ya concedidas a sus perceptores, pero las familias siguen sin tener ningún tipo de información de Lanbide y, por tanto, sin cobrar.
