vitoria. El anteproyecto de la Ley Vasca de Vivienda, que ya contempla la penalización a través de un canon de las residencias deshabitadas de la CAV y su posible alquiler forzoso, se sustenta sobre el principio de la "función social" atribuible a todo patrimonio edificado. La aplicación de este concepto, novedosa tal y como reconoce el Gobierno Vasco, transita por la senda abierta en su momento por el Consejo de la Juventud de Euskadi (CVJ), que calificó de "lujo inadmisible" la existencia de viviendas vacías en la comunidad autónoma. "Como sociedad no nos las podemos permitir. Es necesario desarrollar mecanismos de control y penalización, no sólo incentivar su salida al mercado. Hay que desarrollar reglamentos y normas que lo hagan posible y, de la misma manera, cortar la proliferación de viviendas subocupadas o segundas viviendas en algunos municipios", explicaron los portavoces del organismo.

Los responsables del Ejecutivo autonómico parecen haber recogido el guante lanzado por el Consejo, ya que han anunciado como novedades la aplicación de un canon de 10 euros por metro cuadrado para las viviendas que lleven más de dos años desocupadas y cuya infrautilización no esté debidamente justificada. Claro, eso sí el proyecto legislativo logra una mayoría en el Parlamento Vasco, situación harto complicada debido al cisma ocurrido recientemente entre el PP y el PSE.

Asimismo, han explicado que podría llegarse al alquiler forzoso de estas propiedades si sis titulares persisten en no ocuparlas. "El Urbanismo debe recuperar su función social. Promoviendo la participación ciudadana en el diseño de ciudades y pueblos, impidiendo la especulación, estableciendo reservas públicas, planificando desde la sostenibilidad y centrándose en las necesidades sociales", destaca el organismo.

En otro orden de cosas, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, aseguró ayer que una de las tres empresas que optan al contrato para comprar al Gobierno Vasco 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO), cuya sede social está en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes, cumple con todos los requisitos legales para presentar su oferta. El caso es que el Ejecutivo autonómico tiene abierto un concurso para vender 3.000 VPO de las sociedades públicas Alokabide y Visesa a un inversor privado para que luego éste las ceda al Ejecutivo durante un mínimo de 20 años para su alquiler a personas inscritas en Etxebide. A este concurso, todavía sin resolver, se presentaron cuatro ofertas aunque una de ellas ya se ha retirado, y quedan encima de la mesa las de una empresa estadounidense, otra británica y otra australiana, cuya sede social se encuentra en las Islas Vírgenes británicas.

Durante el Pleno de control que ayer celebró la Cámara vasca, el parlamentario del PNV, Norberto Aldaiturriaga, alertó de la posible adjudicación de la venta de estas viviendas a una empresa instalada en el paraíso fiscal.