Vitoria. Abandonar el hogar paterno volar libre de ataduras e iniciar un proyecto de vida autónoma ha sido y continúa siendo el objetivo primordial de muchos jóvenes en cuanto rebasan la mayoría de edad. El problema siempre ha sido, y ahora lo es con más razón que nunca, la ausencia de recursos económicos suficientes para acometer tamaña empresa. Si antes resultaba más o menos complicado que las entidades financieras concedieran un crédito hipotecario a los veinteañeros con trabajos precarios, ahora se ha convertido en todo un logro acceder a una ocupación remunerada, con lo que la situación ha involucionado a un estadio anterior y más precario. Pese a la deprimida situación económica, las aspiraciones juveniles siguen intactas y las ganas de disponer de casa propia se encuentran al mismo nivel que antes de 2008. Cuando se les pregunta a los interesados por sus motivaciones, el 69% responde que desea emanciparse, otro 26% declara su intención de vivir en pareja y el resto reparte su urgencia entre la inminencia de una boda y un desplazamiento por motivos laborales. Casi la mitad de los menores de 35 años residentes en la CAV que busca su primera casa propia lleva más de cuatro años persiguiendo este objetivo y el 68% cree que es muy probable o bastante probable que alcance la meta en el mismo plazo de tiempo, es decir, en cuatro años.
Aunque no todos los individuos presentan las mismas necesidades, la mayoría de los jóvenes de la CAV demanda de media, teniendo en cuenta su limitada capacidad económica, pisos de 64 metros cuadrados. Un 60% de ellos declara tener necesidad de una vivienda en propiedad, un 10% aspira a obtener una en alquiler y al 30% restante le daría lo mismo la fórmula a aplicar con tal de poder disponer de una casa propia.
Al margen del mercado libre, que también atraviesa por una situación complicada en todo el Estado, las viviendas protegidas constituyen una importante alternativa para este colectivo. Tanto es así, que cerca del 60% del total de demandantes de vivienda inscritos en Etxebide acredita menos de 35 años. Estableciendo un cálculo global, este grupo representa el 15% de todos los jóvenes que residen en la CAV. El 9% de los apuntados tiene entre 18 y 24 años, otro 45% entre 25 y 29 años y el 46% restante, entre 30 y 34 años. La gran mayoría, más del 90%, son personas solteras que han tramitado su solicitud a título individual.
oferta inadecuada Cuando los responsables del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco preguntan a los demandantes de vivienda por su opinión acerca del mercado inmobiliario libre, la respuesta es casi unánime. Prácticamente todos los consultados convienen en valorar que la adecuación de la oferta existente en la actualidad resulta "escasa" o "nula". A la hora de puntuarla, entre 0 y 100, le adjudican un 26.
Las posibles soluciones al dilema del acceso a la vivienda que apuntan sus principales afectados pasan por el impulso de las promociones públicas, las iniciativas encaminadas a la reducción de los tipos de interés, el abaratamiento del suelo y el fomento del alquiler. Atendiendo al capítulo de los arrendamientos, el colectivo juvenil constata que la oferta en el mercado libre es, todavía, muy reducida y excesivamente cara.
Ante tanta traba, la población joven de la CAV plantea a la Administración que, como parte de sus competencias en lo que a Vivienda de Protección Oficial atañe, se revisen periódicamente tanto las condiciones de acceso a las VPO como su calificación indefinida. Asimismo, reclaman medidas que ya forman parte del paquete de novedades contemplado en el anteproyecto de la Ley Vasca de Vivienda. Asuntos como la obligación de abandonar la vivienda protegida si el beneficiario adquiere a posteriori una en el mercado libre o el establecimiento de un canon que penalice las viviendas vacías.
En general, los vascos que demandan una vivienda están a favor de que las VPO sean más caras para los solicitantes que disponen de mayores recursos. Incluso en el caso del alquiler se aboga por una renta protegida que varíe en función del nivel de ingresos, pero que en ningún caso supere la barrera del 30% del sueldo.
