Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PP, denunció ayer los retrasos que se están produciendo en Lanbide en la gestión de los expedientes de nuevos solicitantes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). El Departamento municipal de Asuntos Sociales señaló que desde que la citada sociedad pública asumió la competencia de la gestión de estas ayudas, a partir de diciembre del año pasado, el Ayuntamiento vitoriano ha remitido 2.291 expedientes de nuevos solicitantes. La Corporación asegura que "muchas" de esas personas se están acercando a las oficinas municipales para denunciar que aún no se han resuelto sus solicitudes y están "sin cobrar".

Los perjudicados también afirman, según el Ayuntamiento, que desde Lanbide les han comunicado que sus expedientes no han sido remitidos por la Corporación. Bajo esa perspectiva, el Ayuntamiento ha anunciado que está facilitando a las personas que se acercan a los servicios sociales de base para denunciar esta situación documentos acreditativos de la fecha de remisión de dichos expedientes.

El equipo del alcalde, Javier Maroto, también ha decidido anticipar las ayudas, con cargo a las AES (Ayudas de Emergencia Social), en los casos más urgentes, aunque éstas deberán ser devueltas por los usuarios cuando reciban las prestaciones de la RGI y de la PCV. "No podemos permitir que hoy haya en Vitoria familias que están viviendo una situación dramática porque llevan meses sin recibir la prestación que en justicia les corresponde", lamentó el alcalde.

En otro orden de cosas, el Parlamento Vasco reclamó ayer que se mantenga el "empleo público de calidad, estable y sostenible" en él área de los servicios sociales de Euskadi, así como el carácter universal de los mismos. Esta petición se recoge en una enmienda pactada entre PSE-EE, PP y PNV, a una iniciativa original de Aralar. En la misma, se emplaza a las instituciones vascas a impulsar el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales.