Vitoria. Las Juntas Generales de Álava se pusieron ayer manos a la obra para sacar del baúl de los recuerdos la modificación del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (Fofel), una norma que establece, siguiendo la fórmula del riesgo compartido, la relación económica de la Diputación con los ayuntamientos, concejos y cuadrillas del territorio y que sufrió su última revisión en 1997. Demasiados años para un escenario que ha cambiado mucho y que tiene nuevas necesidades y reclama otras disposiciones.
Ya en la pasada legislatura, el equipo de gobierno de Xabier Agirre se refirió a la necesidad de establecer una actualización del Fofel, pero lo cierto es que el PP tomó el relevo en el Ejecutivo foral sin que esta intención se refrendase en hechos. El Gabinete De Andrés, por su parte, también expresó su intención de tomar cartas en el asunto, pero lo cierto es que los populares tampoco han puesto las cartas encima de la mesa. Bajo esa perspectiva, el PSE ha presentado una proposición de norma foral para la modificación de la actual reguladora del Fofel por vía de urgencia. Tal intención llegó ayer a las Juntas Generales para su toma en consideración. La propuesta fue aprobada de manera mayoritaria a pesar de contar con apoyos y discrepancias en su planteamiento por parte del resto de los distintos grupos de la Cámara. Sin abstenciones y con la única oposición del grupo popular, la aprobación permite así que se inicie el debate para la actualización de la legislación.
El grupo conservador basó su voto contrario en el informe elaborado por el jefe del servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones con las Juntas Generales de la Diputación. Éste establece que la propuesta parte de "un presupuesto fáctico falso, desconoce la realidad institucional y el ordenamiento foral al pretender extender a los concejos las obligaciones presupuestarias de los ayuntamientos". Además, el informe explica que la iniciativa incorpora unos criterios de distribución de Fofel y modifica otros cuya aplicación siempre perjudica a los municipios que mayores servicios prestan y a los de mayor población. Aparte, la crítica explica que la propuesta desnaturaliza las funciones de las Juntas, anticipa el debate presupuestario para 2013 y propone alterar "insolidariamente" el modelo de reparto de saldo pendiente del Fepel.
Por grupos Sin embargo, la portavoz del PSE, Cristina González, defendió que, de esta forma, "las entidades locales del territorio no podrán eludir el trámite presupuestario y tendrán que cumplir la Ley de las Haciendas Locales por la que el Presupuesto tendrá que estar aprobado para el 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse". Asimismo, en las propuesta socialista también se contemplan penalizaciones para aquellas entidades que no presenten las Cuentas antes del 30 de junio. Además, establece un nuevo criterio de distribución de los recursos basado en un sistema de participaciones en función de los servicios prestados, la población o el debate presupuestario, entre otros. También realiza previsiones presupuestarias para 2013 basadas en lo recaudado en la recuperación de ayudas por las vacaciones fiscales y en la posibilidad del alterar el modelo de compensación del saldo pendiente del Fepel.
Cuestiones éstas que pasaron a ocupar un segundo plano en favor de la necesidad de la actualización de la norma. Así las cosas, El procurador de Bildu, Patxi Martínez de Albéniz, aseguró apoyar la iniciativa porque "queremos fomentar y favorecer el debate". Además, recordó que al menos trece localidades alavesas han aprobado ya una moción en la que se reclama una debate en profundidad sobre esta financiación. "El PP no ha presentado la propuesta para modificar el Fofel que se comprometió a tener lista en mayo porque su prioridad no es incrementar la financiación de las administraciones locales, sino recortarla", aseguró. Por su parte, el portavoz del PNV, Ramiro González, justificó su respaldo a la toma en consideración de la modificación de la norma basándose en la conveniencia de abordar el tema sin más dilación. "Apoyamos la proposición porque abre el debate sobre la necesaria reforma del Fofel y porque servirá para darle rango normativo al acuerdo de hacer llegar a las entidades locales 11 millones de financiación complementaria", aseguró.