Vitoria. La espada de Damocles pende sobre una quincena de pequeñas y medianas residencias privadas para personas mayores ubicadas en la provincia, principalmente en su zona rural y el extrarradio de Gasteiz. Desde hace más de año y medio, estos geriátricos y viviendas comunitarias -las que acogen a 14 o menos ancianos- no logran llenar sus camas ni plazas de día por mucho que lo intenten, a diferencia de lo que venía sucediendo en los años anteriores, y por este motivo se han visto obligados a realizar severos ajustes de plantilla para poder seguir adelante. La clausura constituye una amenaza real para algunos de ellos. Y sus responsables achacan esta grave situación a la actitud de la Diputación alavesa, que concierta sus plazas "a dedo" con grandes residencias y de un tiempo a esta parte las ha sumido en el "abandono". La creación de nuevas plazas públicas, la crisis y las ayudas que la Administración ofrece a las familias para cuidar a los mayores en los propios domicilios han hecho, a su juicio, el resto.
Pablo Arregui, copropietario de la residencia Burgelu -ubicada en Elburgo-, atraviesa por una complicada tesitura desde finales del año 2010. "No llenamos desde hace un año y ocho meses", confiesa. La residencia, que cuenta con 19 plazas, abrió sus puertas hace ya doce años y nunca había tenido problemas para atraer clientes, en este caso las personas mayores. A día de hoy, seis de esas camas se encuentran vacías y sin previsión de encontrar nuevos ocupantes.
despidos "La Diputación está acabando con las pequeñas y medianas residencias, que han dado un muy buen servicio a la Administración durante estos años. Y ahora nos lo paga así", acusa Arregui. El centro cuenta a día de hoy con una quincena de trabajadores entre auxiliares de geriatría, enfermeras y personal de cocina, limpieza o mantenimiento, pero sus responsables ya se plantean despedir a entre tres o cuatro de ellos, "de momento".
Algunos de los mayores que hasta hace bien poco residían en Burgelu han abandonado el centro "en contra de su voluntad" y sus vacantes han sido imposibles de cubrir hasta el momento. "Cuando la Diputación les ofrece una plaza en una residencia pública, si la rechazan, les advierte de que quizá no van a tener una nueva oportunidad para optar a esa plaza. Y también, que debido a la crisis las ayudas a la dependencia que ahora perciben se pueden reducir, lo que aumentaría el coste de la plaza en el centro privado", describe Arregui. El precio aproximado de una plaza pública o concertada para una familia se sitúa a día de hoy en los 1.067 euros mensuales. Quien ingresa en un centro de titularidad foral o gestión indirecta, deja de recibir las ayudas a la dependencia, que en función de la valoración rondan los 1.000 euros.
Esto no sucede en las privadas. El coste de una plaza en Burgelu, por ejemplo, se sitúa en los 1.800 euros, que se reducen a 800 gracias a la prestación de la dependencia. "Un abuelo que estaba feliz aquí se ha ido obligado a la nueva residencia de Agurain y ahora tiene que pagar 200 euros más al mes que aquí", denuncia Arregui. A pesar de los intentos de mantener un encuentro con la Diputación, aún no ha sido posible. "No estamos pidiendo que nos regalen nada. Al menos una reunión, porque estamos desamparados", asume.
Merche López, propietaria de la vivienda comunitaria de Astegieta, atraviesa, si cabe, por una situación más crítica. Abierta desde el año 2006, nunca había tenido problemas para llenar sus nueve plazas residenciales y dos de día, pero a partir de noviembre del año pasado comenzó a vaciarse. Ahora, sólo quedan cuatro abuelos en sus instalaciones y ninguno de los siete trabajadores que López llegó a tener en nómina. Entre ella y sus dos hijas se apañan para atenderlos, con jornadas laborales que en ocasiones llegan a las 24 horas. "Las cosas están muy mal y nadie te ayuda en nada. A día de hoy, nuestro sueldo lo utilizamos para dar de comer a los residentes. Esto es un sálvese quien pueda", admite López.
seis mensualidades La crítica situación por la que atraviesa su negocio ha llevado a su propietaria a plantearse el cierre seriamente. Ya ha hecho números. "Si todo sigue así y cerramos, tendría que pedir un préstamo para pagar la indemnización que debería asumir por romper el contrato de alquiler" con el propietario del inmueble. Nada menos que seis mensualidades.
López pide a la Diputación una pequeña ayuda, "porque ahora sólo hay trabas", y "por lo menos que no nos quite a los abuelos" que todavía tiene en la residencia. Además, considera "muy claro" que la concertación de plazas se realiza "a dedo" desde la institución foral. El último ejemplo, según recuerdan Arregui y López, ha llegado con la apertura de la nueva residencia Albertia Etxea, ubicada en Miñano Mayor, y a donde muchas voces apuntan que irán a parar los más de 50 mayores que han salido de la Clínica Álava una vez consumada la ruptura de este centro con la Diputación. Al margen de este centro concertado, el ente foral abrirá el año que viene si los plazos se cumplen las puertas de una nueva residencia pública en Abetxuko, con más de 100 plazas. El año pasado hizo lo propio con otro centro de estas características que se ubica en el barrio de Lakua.
Por lo general, los pequeños geriátricos privados atraviesan una situación poco menos que desesperada, pero también hay excepciones. Una de ellas la encarna Marta, nombre ficticio para la propietaria de otra vivienda comunitaria de la zona rural alavesa. Prefiere mantener el anonimato porque asociar la palabra cierre a su negocio puede resultar perjudicial. "Más o menos, ahora comenzamos a ver la luz y los trabajadores van cobrando, pero siempre con retraso", confiesa. A día de hoy, 12 de las 14 plazas con las que cuenta el centro están ocupadas, aunque ha llegado a tener cinco vacantes, lo que ha obligado a sus dueños -Marta y un familiar- a reducir la plantilla de nueve a seis trabajadores.
Desde que tomaron las riendas de esta pequeña residencia, hace ya diez años, "siempre ha estado llena, hasta el punto de que cuando fallecía un abuelo o se iba a un centro público inmediatamente llegaba otro". Pero todo comenzó a torcerse en marzo de 2011. Marta apunta como causas "a la crisis" o a que "mucha gente no tiene claro que si entra en una residencia pública" pierde la ayuda a la dependencia. También se ha planteado el cierre, pero ha llegado a la conclusión de que "el remedio sería peor que la enfermedad".
