Vitoria. Una amplia mayoría parlamentaria dio ayer el visto bueno a la modificación en la Ley de Conservación de la Naturaleza que revoca la prohibición de la minería, tanto a cielo abierto como subterránea, en espacios naturales protegidos o en sus áreas de influencia. El PNV dio su apoyo a la propuesta firmada por PSE y PP, motivada por las demandas que varias empresas extractoras han presentado en los tribunales. Las firmas han apelado a la superior Ley de Minas, que protege su actividad en áreas de interés medioambiental, para reclamar más de 23 millones de euros al Gobierno Vasco por los supuestos perjuicios ocasionados cuando, en 2010, se vetó la actividad extractiva en parques naturales, zonas LIC o espacios de la Red Natura 2000.
Pero además de salvaguardar al erario público de eventuales sentencias condenatorias y de las consiguientes indemnizaciones, la modificación legal abre la puerta a la exploración de los dos sondeos que el Ejecutivo perforará a finales de año en Subijana de Álava, en el entorno del futuro Parque Natural de los Montes de Vitoria, para comprobar si el proyecto del fracking en Álava es rentable, sostenible y técnicamente ejecutable.
En todo caso, ayer desde la tribuna del Parlamento la socialista Natalia Rojo aseguró que la única motivación de la proposición de Ley tomada ayer en consideración por la Cámara es evitar pagar "a escote a una empresa que ha causado graves destrozos en el Parque de Urkiola". Rojo acusó a este periódico de buscar "un filón mediático" al explicar que la modificación elimina posibles trabas medioambientales a la fractura hidráulica en los Montes de Vitoria, y afirmó que la llegada de la iniciativa al Parlamento y las aseveraciones desde el Departamento de Industria de que no existe legislación que impida aplicar la nueva técnica en espacios protegidos únicamente "confluyen en el tiempo".
Por su parte, la popular María del Carmen López de Ocariz afirmó que la restricción de 2010, "por más que tuviera un fin garantista, casa mal con hacer compatible el uso ordenado de los recursos naturales", y el jeltzale Norberto Aldaiturriaga prestó un respaldo crítico a la propuesta. "No sería necesario traer esta proposición de Ley si hubieran aceptado nuestras enmiendas", afirmó el parlamentario nacionalista, cuyo grupo fue el único que no aprobó la prohibición de hace dos años, posicionamiento que el resto de formaciones atribuyó entonces a "oscuras razones". Aldaiturriaga explicó que el PNV apuesta por permitir únicamente aquellas actividades extractivas "compatibles" con la salvaguarda de los espacios protegidos.
En contra de revocar la prohibición se mostraron Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Anitza. El portavoz de la primera formación, Dani Maeztu, calificó de "aberración política y jurídica" la modificación legal, pues "no se puede defender una cosa y la contraria y al mismo tiempo decir que las dos opciones entran dentro de la coherencia". Maeztu se preguntó "qué ha cambiado del año 2010 aquí para que vengan con una propuesta hecha por y para el lobby de las canteras".
Por su parte, el portavoz de EA, Juanjo Agirrezabala, afirmó que el cambio legal discrimina el subsuelo con respecto a la superficie, al garantizar sólo que se repondrá el paisaje tal cual estaba. "Es como barrer y dejar lo sucio debajo de la alfombra", dijo el representante de EA en la Cámara, quien criticó que la modificación se plantea "en defensa de otro tipo de intereses generales que no se enuncian en el proyecto de Ley".
En parecidos términos se expresó el portavoz de Ezker Anitza, Mikel Arana, quien lamentó que "se utilice como excusa el error de los servicios jurídicos del Gobierno" para motivar el cambio legal. "Una vez más ganan los intereses económicos de determinados lobbies", afirmó.
