Vitoria. La pugna entre el Ayuntamiento de Vitoria y las Juntas Generales de Álava para obligar a la presentación de los Presupuestos municipales vive un nuevo capítulo. La Abogacía del Estado remitió ayer a las Juntas Generales un escrito en el que se solicitaba la derogación de la norma foral que obligaba al Ayuntamiento de Vitoria a presentar las Cuentas de este año en un plazo máximo de siete días hábiles a partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) por considerar que infringe "el reparto competencial". El escrito justifica que "las atribuciones reconocidas a los territorios históricos en el marco presupuestario por todo ese conjunto normativo tiene mero carácter ejecutivo" y que, por tanto, Álava "carece de competencia para dictar disposiciones normativas generales en materia presupuestaria sobre las entidades locales".
La regla fue aprobada el pasado 16 de abril por el Pleno de la Cámara alavesa gracias al respaldo de PNV y PSE, la abstención de Bildu y EB y la oposición del PP, formación que dirige actualmente el Gobierno municipal. El texto incluía una disposición en la que se obliga a los municipios alaveses de más de 100.000 habitantes en situación de prórroga presupuestaria a presentar ante los plenos municipales el correspondiente proyecto de cuentas. Lógicamente, este cambio sólo afectaría este ejercicio a Vitoria, mientras que se extendería al resto de municipios a partir de 2013 ya que otras entidades del territorio histórico este año no disponen, en principio, del engranaje adecuado para afrontar este tipo de requisitos.
No hay que olvidar que el Gabinete Maroto decidió en su día prorrogar las Cuentas del Consistorio de la capital alavesa sin permitir el debate político, según denunciaron los grupos de la oposición. Una medida ampliamente criticada puesto que ha permitido a la Corporación municipal aplicar serios recortes en diversas materias.
De esta forma, la pelota queda ahora en el tejado de la Cámara alavesa, que deberá decidir si sigue adelante con la controversia o pone fin a la misma con la toma en consideración de la petición de la Abogacía del Estado. Una situación que, a juzgar por lo expresado ayer por las diversas formaciones, no se materializará.
Todo igual Y es que tanto el PNV como el PSE expresaron su intención de continuar adelante con el respaldo a la norma. Así, los jeltzales aseguraron ayer que continuarán en la defensa de las competencias de la Cámara provincial. "Desde el PNV vamos a seguir defendiendo las competencias de Álava y ante un ataque de esta envergadura emplazamos al PSE y a Bildu a unir fuerzas frente al ataque al autogobierno que supone el requerimiento efectuado por el Gobierno de Madrid a través del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo", alegó el portavoz del grupo, Ramiro González.
Un guante que recogerá el PSE, ya que su portavoz, Cristina González, expresó ayer también su intención de mantener su postura favorable a la modificación de la regla. "Los Presupuestos son un derecho para los ciudadanos, que deben saber a qué se van a dedicar los recursos públicos. El hecho de que la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno central, recurra esta norma competencial ya aprobada demuestra una intencionalidad del Partido Popular, y demuestra su inseguridad política ante las acciones que realiza puesto que, por costumbre, se ve en la necesidad de judicializar los acuerdos políticos que no le gustan", denunció.
Por su parte, Bildu también anunció su idea de continuar en la abstención. "Ya manifestamos que teníamos dudas de su viabilidad jurídica. El mayor perjudicado va a ser la ciudadanía vitoriana que no va a tener Presupuestos y va a sufrir los recortes", manifestó ayer el portavoz del grupo abertzale en las Juntas Generales de Álava, Gorka Ortiz de Guinea. "La culpa también es del PNV, que ha permitido contar a Maroto con un plan de inversiones. Esto no es un debate serio sino de política-ficción, un despropósito desde el principio", lamentó. En la misma línea se expresó la procuradora de EB, Nerea Gálvez. "La realidad es que no hay Presupuestos y la ciudadanía no ha podido participar y los grupos políticos con representación no han podido debatir. No hay esfuerzo para acercar posturas", recriminó dejando el signo de su voto en el aire.
De mantenerse estas posiciones, parece que las Juntas Generales mantendrían la norma y, como adelantó ayer, la Abogacía del Estado recurrirá la norma foral ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En caso contrario, se tendría que aprobar una nueva norma foral de modificación de esta última por vía urgente y, aún así, dada la complicada burocracia de la Cámara, se debería solicitar una ampliación de plazo. La decisión sobre si se impulsa esta ley o no se adoptará en la Mesa de las Juntas Generales, que tendrá lugar el próximo martes.
La norma salió adelante el pasado 16 de abril. No fue hasta el jueves pasado, tras la publicación de la misma en el BOTHA, cuando el Ayuntamiento de Vitoria presentó el recurso contra la normativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La respuesta no tardó en llegar. La sala de lo Contencioso-Administrativo de ese tribunal decidió el viernes atender el recurso interpuesto por el primer edil vitoriano y suspender cautelarmente la disposición transitoria aprobada por las Juntas Generales. Sin embargo, este mismo miércoles las Juntas Generales acordaron -con los votos a favor del PSE y PNV y las abstenciones de PP, Bildu y EB- recurrir este fallo. Tras el escrito de la Abogacía del Estado de ayer, de nuevo, le llega el turno de actuación a la Cámara alavesa.
