BARCELONA. En la vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona, el principal acusado de la trama, el empresario Miguel M. M., ha negado haber ordenado que se montara la trampa sexual y ha asegurado que nunca chantajeó a su exsocio, con el que, sin embargo, ha admitido que tenía mala relación a raíz de un conflicto mercantil en una empresa en la que ambos coincidieron hace años.

"Sí quería destrozarle la vida, pero desde el punto de vida legal; nunca lo habría hecho de esta manera -usando imágenes sexuales- porque me parece repugnante", ha declarado hoy el acusado ante el juez.

Sin embargo, la fiscalía y la acusación particular consideran que existen pruebas suficientes de que Miguel M. M. ordenó todo el montaje y amenazó a su exsocio con difundir las instantáneas en las que él salía manteniendo relaciones si no accedía a comprarle, por el precio de 700.000 euros y dos vehículos, las acciones de la empresa Trust Informática en la que ambos coincidieron años atrás.

Por ello, las acusaciones solicitan cinco años de prisión para el empresario por un delito de descubrimiento de secretos y una pena de 1 año más de encarcelamiento por amenazas, además de una indemnización de 41.000 euros.

Con solicitudes de penas de alrededor de un año de prisión, también están acusados por el mismo caso el gerente de una firma de gestión de cobros que contrató el principal procesado, Esteban G.P., así como un detective, Alexandre A.L., y su colaboradora, Gemma H.S.

Estos dos detectives han explicado hoy que instalaron en habitaciones de hotel las cámaras de vídeo -de las que se extrajeron también las fotografías- y prepararon los encuentros sexuales junto con la prostituta, la también acusada Nury A.R., quien, a su vez, ha admitido hoy que sabía que iba a ser grabada.

Según Alexandre A.L., recibieron el encargo del gestor de cobros Esteban G.P. de conseguir pruebas gráficas de una presunta relación extramatrimonial, para lo que se contrató a la prostituta.

En el juicio, la víctima de la trampa, que está casado, ha explicado que, tras recibir a mediados del 2008 el sobre con la fotografía de él con la prostituta, decidió contratar a un detective, quién, en secreto, grabó en audio el contenido de las reuniones en las que Miguel M.M. le amenazó con destruirle la vida divulgando las imágenes a la prensa si no pagaba los 700.000 euros.

En el proceso también está acusado el contable del empresario, Sígfrid Q.R., por un delito de descubrimiento de secretos, y un portero de discoteca que acompañaba al principal acusado cuando supuestamente se produjeron las extorsiones, Juan Manuel M.P., por un delito de amenazas, y ambos se enfrentan a penas de un año de prisión cada uno.