Donostia. El lento goteo de testificaciones por presuntos casos de bebés robados continúa su curso en los juzgados guipuzcoanos. La aparición de tres ataúdes vacíos en dos cementerios guipuzcoanos y uno vizcaíno que debían contener los restos de recién nacidos ha fortalecido la posibilidad de que entre los años 40 y 90 existiesen tramas con el objeto de sustraer niños y entregarlos en adopción ilegal a padres adoptivos.
Dentro de este contexto, el juzgado de Tolosa ha llamado a declarar como testigos a un médico y una matrona para tratar de esclarecer un presunto caso ocurrido en un centro médico de esa localidad de Gipuzkoa, según fuentes consultadas por este diario.
Su testimonio será recogido la primera quincena del próximo mes, momento en el que se espera que los recuerdos de ambos sanitarios ayuden a conocer detalles sobre los hechos ocurridos lustros atrás.
Esta nueva declaración constituye un capítulo judicial más, dentro de un proceso iniciado hace algunos meses.
Recientemente, un pediatra y un ginecólogo declararon en calidad de testigos en el juzgado número cuatro de Donostia en relación al caso denunciado por la hernaniarra Karmele Múgica, quien sospecha que pudieron robarle a su hijo, nacido el 27 de octubre de 1978 en la residencia donostiarra de Nuestra Señora de Aranzazu. El juez, que previamente había requerido el testimonio de una enfermera que en la actualidad se encuentra jubilada y que vive fuera de Gipuzkoa, llamó a declarar al ginecólogo particular de la familia y a un pediatra.
El hijo de Karmele nació en el séptimo mes de embarazo con dos kilos y 300 gramos y tuvo que ser ingresada en la unidad de neonatos, ya que requería de una incubadora. Aunque el niño estaba aparentemente bien, 25 días después de estar en la incubadora, el 20 de noviembre, personal de la residencia comunicó a Karmele que el bebé había fallecido.
A partir de ese momento, se iniciaron una suma de irregularidades. Así, en lugar de entregarles el cuerpo del pequeño, en la residencia expresaron su deseo de estudiar el cadáver. Finalmente, cuando acudieron a por el cuerpo, les entregaron una caja precintada, por lo que no pudieron ver el contenido. En relación con todos estos hechos que tuvieron lugar décadas atrás, el Ayuntamiento de Zumaia votará en la sesión plenaria de esta tarde una moción del PNV en apoyo de SOS Bebés Robados, que se trasladará a otras instituciones. El texto solicita ayuda económica y colaboración institucional y ciudadana para esta agrupación que trata de esclarecer las irregularidades detectadas en los nacimientos de decenas de niños.
La moción pide, además, que los grupos políticos se adhieran a la declaración realizada este mes por las Juntas Generales de Gipuzkoa (JJGG). En ella, la institución territorial muestra "su total solidaridad con las familias afectadas por el robo y adopción ilegal de recién nacidos". Asimismo, las JJGG entienden que "garantizar el derecho a la verdad exigida por los afectados, es decir, el derecho a ser informados del destino de los familiares desaparecidos, es una obligación política de las autoridades competentes a nivel local, territorial y autonómico, así como estatal". Las Juntas Generales de Gipuzkoa piden a "todas las instituciones vascas que adopten cuantas medidas sean necesarias y estén a su alcance para garantizar el derecho a la verdad exigido por las asociaciones".
