Vitoria. Central Santa María de Garoña. Capítulo enésimo. Las alertas se volvían a encender ayer después de que se airease un informe del fabricante de los reactores que equipan a la planta nuclear. En él se alertaba de que éstos podrían tener problemas, que afectarían a la seguridad humana y mediaoambiental, en caso de terremoto. Con ello se pone sobre la mesa un nuevo obstáculo para una instalación sobre la que pesa la duda de la sospecha desde que cumpliera con su vida útil en 2009 y desde que consiguiera una prórroga hasta 2013 otorgada por parte del gabinete Zapatero en contra de la opinión de gran parte de la sociedad alavesa y de los grupos ecologistas.

El problema detectado por General Electric consiste en que se produce una interferencia o fricción de las barras de control con los canales de combustible cuando éstos van a hacer sus funciones de absorción de los neutrones, circunstancia que podría parar la reacción nuclear. Al parecer, el fallo ha sido notificado por la compañía al equivalente americano del Consejo de Seguridad Nuclear -NRC en sus siglas del inglés- y a las empresas que operan con este tipo de diseño, entre ellas la de Garoña, cuya firma gestora, Nuclenor, confirma haberlo recibido el pasado septiembre.

Esta notificación ha suscitado reacciones en Estados Unidos donde organizaciones como la Union of Concerned Scientists (UCS) lo analiza y concluye que la "deficiencia" detectada podría desencadenar una situación "preocupante" de producirse un terremoto ordinario en circunstancias normales de funcionamiento del reactor. La UCS incide en su análisis en que "si falla la inserción de las barras de control", este problema podría dar lugar "a no poder parar una central de este tipo en caso de emergencia".

Sin embargo, Nuclenor, empresa que gestiona la planta burgalesa, aseguró ayer a este periódico que "el problema es muy conocido y seguido con normalidad dentro de los programas de vigilancia que se llevan a cabo periódicamente". Desde la compañía -participada al 50% por los gigantes eléctricos Iberdrola y Endesa- se asegura, además, que este estudio responde a "un tipo de intercambio de información habitual entre fabricante y regulador". Además, la empresa indica que "las bases de cálculo sísmico para la zona de Garoña dan unos valores de aceleración de posibles terremotos que no se corresponden para nada con los que se tienen en consideración habitualmente, ya que la zona donde se asienta la central tiene una calificación sísmica baja". Aun así, Nuclenor reconoce que el problema de "posible interferencia" puede darse "en alguna de las barras periféricas del reactor" pero "con poco efecto en el control de la reactividad".

Greenpeace pide el cierre En cuanto a las declaraciones formuladas por el portavoz de Greenpeace, Carlos Bravo, que ha afirmado que Garoña "tendría que haber cambiado todo el sistema de accionamiento de las barras de control" tras haberse detectado este fallo "que pone de manifiesto que las barras no entran bien", Nuclenor explicó que "no tienen pies ni cabeza". En cualquier caso, el portavoz ecologista ha denunciado que estos cambios implicarían "una enorme inversión", y que por ese motivo, Nuclenor "ha optado por ocultarlo".

El portavoz de nucleares de la organización medioambientalista ha advertido de que "si hubiera un terremoto en la zona de Garoña y las barras de combustible no entraran, podría producirse una "fusión parcial del núcleo", por lo que exigió el cierre inmediato de la planta. Sin embargo, fuentes autorizadas de Nuclenor reiteraron ayer a este periódico que "el asunto se debe a una mera cuestión técnica. No es cierto que se haya ocultado ni que sea peligroso", afirmaron.

La noticia llega después de que el pasado viernes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibiera la solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que informe sobre si existe algún impedimento para que se lleve a cabo una modificación de la orden ministerial de 3 de julio de 2009, que establecía la clausura del recinto ubicado en el Valle de Tobalina. Según el CSN, el Ministerio también solicitó información sobre los límites y condiciones que deberían cumplirse para modificar la orden ministerial de cierre en 2013, de manera que sea posible renovar la autorización de explotación vigente por un nuevo período de seis años más, hasta 2019.

Otras denuncias En cualquier caso, los problemas detectados por la multinacional General Electric no son los únicos que han salpicado al complejo atómico a lo largo de los últimos meses. De hecho, los problemas ambientales que puede generar la refrigeración de la central son materia de análisis e investigación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En concreto, es la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo adscrito a la Administración central, quien ha escuchado la denuncia ecologista que explicaba que el agua vertida por el complejo eléctrico al caudal del citado río calentaba la temperatura de éste hasta 15 grados.

Tal circunstancia, a ojos de las agrupaciones medioambientalistas, puede suponer un golpe mortal para las especies de flora y fauna que viven en ese hábitat. El caso es que con la normativa de 2007 en vigor, el colectivo verde ha acusado reiteradamente a Garoña de mentir en los datos que facilita sobre la influencia de la central en la temperatura del cauce más importante de la península.