Afectados alaveses piden al Gobierno cántabro que anule la orden de derribo de sus viviendas

AMA, que aglutina a todos ellos y actúa representándolos, remitió el pasado día 17 una carta al presidente cántabro, Ignacio Diego (PP), pidiéndole "que se ponga al frente para dar el impulso que esta situación necesita". Muestran en la misiva su "clara decepción con la actitud del Gobierno", pues consideran que los apoyos recibidos por los populares en la anterior legislatura, cuando formaban parte de la oposición, han quedado diluidos en la actualidad. En concreto, señalan como centro de sus críticas al consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández. "Cada vez que habla, pone la palabra derribo delante, ocasionando una gran inquietud y daño moral a los afectados", comentan en referencia a él.

Sin embargo, Javier Fernández señalaba hace escasas fechas que tienen voluntad real de llegar a una solución beneficiosa para todas las partes y no dudaba en señalar que serán "los primeros" en legalizar las viviendas si la legislación lo permite. En los Presupuestos autonómicos para el presente ejercicio se contempla una partida de cinco millones de euros destinada a hacer frente a los gastos de demolición e indemnizaciones a los propietarios.

Sea como fuere, lo cierto es que el conflicto entre los vecinos afectados y el consejero de Urbanismo se ha enconado a raíz de sus apreciaciones sobre la urbanización Cerrias, en Liencres. A juicio del político, tal como se presenta el panorama legislativo -en especial, la Ley de Costas-, es inviable salvar del derribo 17 viviendas sentenciadas en este punto del litoral cántabro. Hasta la fecha, las excavadoras han actuado únicamente en Arnuero y la amenaza más inminente de seguir el mismo camino parece sobrevolar sobre los chalés de Liencres, en el municipio de Piélagos.

A pesar del tono conciliador que, en general, exhibe la carta de AMA, firmada por Antonio Vilela, expresidente de la asociación hasta el pasado sábado en que cesó en el cargo por "agotamiento físico y mental", se atisban reproches de verdadero malestar dirigidos hacia los responsables institucionales de Cantabria. Señala que es "una auténtica vergüenza que los ciudadanos tengamos que pagar las tropelías del Gobierno y de los ayuntamientos y que no haya ninguna responsabilidad de los cargos políticos". Sólo uno de los alcaldes de estos municipios con sentencias firmes que determinan su responsabilidad ha sido castigado, en concreto el exregidor de Piélagos, José Manuel Pacheco, quien en febrero de 2011 fue condenado a un año y medio de prisión y a 9 meses de inhabilitación por un "delito continuado de prevaricación urbanística".

A pesar de que la evolución del conflicto ha ido mejorando las expectativas de los compradores, éstos dicen que la única solución positiva es anular las órdenes de reducir a los escombros sus casas, pues, en la mayoría de los casos, las causas que llevaron a los jueces a tomar esa decisión han desaparecido. Además, AMA señala que fuera de Cantabria, ante un problema idéntico, las autoridades competentes han tomado la determinación de indultar, regularizar o legalizar las viviendas, reivindicación que esta asociación reclama para los afectados cántabros. Recurren en sus argumentos a "la aplicación del derecho comparado" de las decisiones de otras Comunidades, a "las modificaciones de las leyes estatales y autonómicas que pueden regularizar estas situaciones" y "al indulto que se está pidiendo para otras construcciones afectadas por problemas similares" en diversos puntos del Estado.

Los litigios contra los ayuntamientos y sus licencias de construcción que han dado origen a esta travesía de pleitos, petición de ayuda a todo tipo de estamentos e innumerables movilizaciones comenzaron al recibirse en los juzgados las denuncias interpuestas por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), alegando diferentes irregularidades urbanísticas en las nuevas construcciones. Las sentencias fueron favorables a ARCA y en ellas se dictaba que la responsabilidad era de las instituciones -ayuntamientos y Gobierno de Cantabria- que habían permitido la construcción de las urbanizaciones sin adecuar sus licencias a Derecho. Dejaban también claro que los compradores estaban libres de toda culpa.

Superada ya una década de lucha coordinada por AMA, tras unos primeros momentos de negación absoluta de cualquier compensación por los errores institucionales, la lucha de los afectados y la mediación de diversas instituciones -Parlamento Europeo y Defensor del Pueblo, entre otros- permitió a los damnificados conseguir el derecho a ser resarcidos por daños morales con una indemnización pecuniaria de entre 12.000 y 9.000, en función de si compraron una vivienda para destinarla a domicilio habitual o a segunda residencia, respectivamente . Asimismo, obtuvieron el compromiso de que se les abonara con dinero público el precio actualizado de los inmuebles o, si así lo prefirieran, ser realojados en inmuebles de similares características a los adquiridos. En el aire se halla en estos momentos el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la conocida como Ley de Derribos, aprobada por unanimidad por el Gobierno de esa Comunidad, que contempla que los propietarios deberían ser indemnizados siempre antes de que se llegaran a ejecutar las sentencias. Ese recurso, mientras la máxima autoridad judicial no dicte su resolución, paraliza los previsibles trabajos de demolición.