Vitoria. Son menores según su pasaporte, pero las pruebas óseas a las que son sometidos revelan que ya han cumplido la mayoría de edad, pese a que según los expertos no existe un método científico que determine con exactitud la edad de un individuo. La Diputación considera que le están engañando y los ha dejado en la calle, ayudados sólo por voluntarios y colectivos sociales.

Desde el pasado mes de diciembre una veintena de inmigrantes no acompañados han sido expulsados de los centros de acogida de menores por considerar que han cumplido ya los 18. Aunque esta práctica ya se venía realizando desde finales de 2010, ésta ha sido la primera vez que las instituciones alavesas no les han ofrecido ninguna otra alternativa de alojamiento ni de manutención.

Los extranjeros han quedado excluidos del itinerario de inserción previsto para este tipo de casos. Dicho itinerario contempla la posibilidad de acceder a un pequeño préstamo de dinero que les permita alquilar una habitación; además, transcurridos los dos primeros meses desde la salida, periodo durante el cual es la Diputación la que se hace cargo de ellos, son atendidos por los servicios sociales de base del Ayuntamiento gasteiztarra.

El protocolo de actuación, sin embargo, ha sido modificado. Según relata la Plataforma alavesa de apoyo a jóvenes extranjeros, cuando son expulsados del centro de menores una furgoneta les traslada a los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento. Allí permanecen varios días, pero en la mayoría de los casos también son expulsados. Éste es el caso de una veintena de jóvenes que, tras permanecer algunas noches en distintos albergues, han sido puestos en la calle. "Sólo la presión ejercida ha conseguido que los realojen en el Aterpe", explicó ayer Juantxu Oscoz, uno de los portavoces de la Plataforma. En la actualidad 16 jóvenes han sido readmitidos en este albergue destinado a los sin techo, a la espera de saber qué ocurrirá con ellos.

El colectivo no titubea a la hora de calificar de "emergencia humanitaria" lo que está ocurriendo en la capital alavesa. Para sus integrantes no existe ninguna duda. "La Diputación, lejos de cumplir con sus obligaciones legales, condena a muchachos que hasta ese día han permanecido bajo su tutela a la indigencia absoluta". Para la plataforma ésta no es más que una estrategia para "reducir la población necesitada de atención" en vista de que ha crecido la demanda, en plena crisis económica.

Por todo ello exige a la Diputación que convoque con urgencia al Consejo de Menas y también al Consejo de Inmigración, dos órganos que, según recuerda, no se han reunido desde que el PP tomara las riendas del Gobierno foral. La Plataforma considera fundamental que los inmigrantes, una vez que cumplen la mayoría de edad -ya sea porque lo pone en el pasaporte o porque así lo consideran las autoridades sanitarias-, estén incluidos como hasta ahora en un itinerario de inserción.

Comparecencia de Marta Alaña Por otra parte, el grupo juntero de Bildu solicitó ayer la comparecencia de la diputada foral de Política Social, Marta Alaña, para que ofrezca detalles de la expulsión de estos jóvenes de los centros para Menores Extranjeros no Acompañados (menas). La formación cuestiona la fiabilidad de la técnica que se ha empleado para determinar si habían cumplido la mayoría de edad o no. "Se da la circunstancia de que la prueba ósea establece la edad con un margen de error de dos años. En este caso, por ejemplo, establecen que tienen 18 años o más, en contra de lo que dice la documentación que portan de sus países de origen y en contra del propio sistema judicial que les había dado validez anteriormente", señaló ayer Luis Salgado. Por todo ello sospecha que lo ocurrido en las últimas semanas responde "a una política de persecución contra los derechos de las personas inmigrantes que el PP ha puesto en marcha".