Vitoria. La noticia de que el Gobierno Vasco tiene la intención de regular la actividad de los clubes de cannabis en Euskadi llega en un momento delicado. Europa clama por una flexibilización de las normativas que controlan el consumo de esta sustancia, mientras el último informe Euskadi y Drogas constata un descenso en el apoyo a su legalización por parte de la sociedad vasca. Entre ambos fuegos, los responsables de las asociaciones de usuarios de drogas que trabajan en favor de la reducción de riesgos y los propios clubes cannábicos agradecen el gesto realizado por Lakua y se encargan de arrojar una sombra de desconfianza sobre los datos contenidos en el informe auspiciado por el Departamento vasco de Sanidad y Consumo.
La divergencia entre Europa y la CAV parece, al menos sobre el papel, evidente. De acuerdo con los datos que aporta el último Eurobarómetro, la juventud europea es cada vez más partidaria de flexibilizar la legislación sobre el consumo de cannabis. Los resultados, obtenidos a partir de una encuesta telefónica realizada a 12.000 personas de entre 15 y 24 años, reflejan que el número de jóvenes que consideran que el cannabis debería estar prohibido ha caído en picado desde la anterior consulta -realizada en 2008-, pasando de un 67% a un 59%. En el extremo contrario, más de un tercio apoya su regularización, un 44% cree que su consumo ocasional perjudica "poco o nada" la salud, y un 47% es partidario de sólo prohibir aquellas drogas que representen un riesgo sanitario contrastado.
Con respecto a las medidas que deberían adoptarse por parte de las autoridades públicas para atajar la problemática de las drogas, el 60% de los jóvenes europeos reclama acciones contra los narcotraficantes. Un 49% demanda campañas de prevención y concienciación y el 37% insta a reforzar los servicios de salud relacionados con la prevención y rehabilitación de los consumidores. De manera complementaria, un 24% aboga por reducir la pobreza y el desempleo, además de ofrecer más programas de tiempo libre, iniciativa apoyada por el 23%. Por último, el 13% defiende que la postura más adecuada para reducir la problemática de las drogas ilegales es su legalización.
Los datos recabados en la CAV apuntan en una dirección bien distinta. El informe bianual Euskadi y Drogas correspondiente a 2010, el último editado hasta la fecha y que sirve de guía tanto al Ejecutivo autonómico como a las asociaciones que trabajan en este campo, confirma una reducción en el apoyo ciudadano a la legalización del cannabis. Este dossier se realiza a partir de 2.000 encuestas telefónicas realizadas a jóvenes de la comunidad autónoma.
En 2000, el porcentaje de ciudadanos vascos partidarios de la legalización del cannabis era del 35%, una tasa que cuatro años más tarde se dispararía hasta el 58%. A partir de este punto culminante, el descenso ha sido paulatino: en 2006 cayó al 52%, en 2008 al 51% y en la actualidad es del 48,9%. En el extremo enfrentado, correspondiente al colectivo contrario a la legalización, las cifras aumentan. Hace una década, el 45,6% de los vascos rechazaba la idea, aunque en 2004 el índice se redujo al 38,4%. A partir de ese año, el porcentaje fue creciendo progresivamente hasta alcanzar el actual 45,5% de personas "en desacuerdo" con canalizar el consumo de cannabis a través de las herramientas legislativas.
En pleno contraste de pareceres, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha los mecanismos para regular -que no legalizar, ya que eran de antemano legales- la actividad de los clubes de cannabis, una decisión que no ha dejado a nadie indiferente. La intención, tal y como desgranan desde la Dirección de Drogodependencias, consiste en "sacar del limbo" a estas asociaciones sin ánimo de lucro y controlar la edad de inicio en el consumo de los menores. Nadie habla de legalizar la sustancia, una competencia que excedería con creces el marco autonómico, sino de dotar a estas agrupaciones de una documentación que les permita responder de forma eficiente tanto a la acción de la Justicia como a la de los cuerpos de seguridad. Les reclaman a cambio total transparencia en cuanto a registros de cantidades de plantas, número de usuarios y programas de actividades. Condiciones que los responsables de los clubes vascos están más que dispuestos a cumplir.
Con la mirada puesta en el final de la legislatura, los portavoces de Drogodependencias calculan que "estamos en plazo" de sacar adelante el proyecto regulador antes de marzo de 2013. La elaboración de este nuevo marco, un proyecto de ley de adicciones que incluirá una regulación del cultivo, venta y consumo de cannabis, representará un avance pionero encaminado a reducir el actual vacío legal. No obstante, desde la Dirección que lidera Celina Pereda se reconoce que la aplicación de dicho plan de forma transversal, incluyendo a Interior, Sanidad y Justicia para coordinar las acciones, será "una labor muy compleja".
La legislación no sanciona el consumo de cannabis, aunque sí la venta y el cultivo con fines lucrativos. Pero aún quedan demasiados flecos sueltos. No se ha determinado qué cantidad de marihuana se considera "consumo personal" ni la cantidad de plantas que un ciudadano puede hacer crecer en su domicilio para autoabastecerse. Así las cosas, todo queda en manos de la interpretación de los agentes de seguridad que procedan al decomiso o a la detención de turno y de los jueces que intervengan en el posterior proceso.
Ricardo Caparrós, portavoz de la Asociación de Usuarios por la Reducción de Riesgos Ai Laket!, pone en duda la fiabilidad de los datos contenidos en el Euskadi y Drogas 2010 referidos al decreciente apoyo ciudadano a la legalización. "Tampoco la Dirección de Drogodependencias le concede demasiada importancia a este punto en particular ya que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre este asunto. Hablamos de una encuesta telefónica que se le hace a 2.000 personas en todo Euskadi y no se puede extraer un mapa de situación sin tener en cuenta la evolución de los últimos quince años, tanto en la opinión como en los consumos de la gente. Por contra, sí que se tiene en cuenta el progreso de las gráficas que muestran la edad de inicio o las frecuencias de contacto con las sustancias", indica.
En todo caso, la apreciación de los responsables de Ai Laket! "no es la misma" que la que se recoge en el Euskadi y Drogas. "Tal vez se deba a una coincidencia en las respuestas, pero en todo caso el apoyo tampoco ha decrecido más que unas décimas porcentuales con respecto al año anterior. Lógicamente, nuestro punto de vista es diferente porque somos una asociación de usuarios de drogas y las veces que trabajamos de cara al público es en contextos de consumo por lo que la gente con la que contactamos y a la que informamos no está en contra de la legalización del cannabis", puntualiza.
Sea como fuere, los usuarios de cannabis se encuentran con numerosas incongruencias legales. Aunque el consumo en espacios privados está despenalizado desde la década de los 70, portar la sustancia por la vía pública puede dar lugar a una sanción administrativa. "Si un policía te registra y te encuentra unos porros de marihuana te va a poner una multa, así que la pregunta es obligada: ¿Cómo puedo hacer llegar la sustancia hasta mi casa para fumarla de acuerdo a la normativa si no la puedo llevar por la calle?", se plantea Caparrós.
Esta complejidad explica que el responsable de Ai Laket! juzgue "positiva" la actitud de Lakua. "Han sacado a la luz un debate que se oculta o que muchas veces no se quiere ver, aunque aún tenemos que ver si lo que se plantea es suficiente. Estamos a la espera de saber qué tipo de normativa están redactando, con qué organizaciones y con qué agentes especializados. Los clubes sociales de cannabis legalmente constituidos que figuran en los registros del Gobierno Vasco se encuentran en una situación muy comprometida, ya que por ejemplo no pueden denunciar robos en sus instalaciones, al ser a su vez denunciados por los agentes que acuden a comprobar lo ocurrido. Los policías interpretan que el cultivo es un delito y actúan en consecuencia".
Ibai, de la Asociación de Consumidores de Cannabis PUIS, afincada en Vitoria, sabe exactamente a qué se refiere Caparrós. Hace un mes y medio se archivó la causa promovida contra su club e iniciada a raíz de un robo de plantas. "No es que se quiera legalizar nada -aclara-, lo que se pretende es que nosotros, que desarrollamos una actividad legal como ha quedado demostrado a base de juicios, podamos trabajar en paz". Cree que la regulación será un avance "para todos" y apunta como ejemplo que los agentes de la Ertzaintza que ahora se ocupan de estos menesteres podrán dedicarse a perseguir a los verdaderos criminales. Apunta, además, que la creación de este nuevo marco le vendría económicamente bien al Ejecutivo autonómico, ya que los clubes tributarían el IAE e incluso algún tipo de canon para financiar programas terapéuticos o de deshabituación para personas con problemas de adicción, algo que no les supone ningún problema. "El IVA no se pagaría, porque ello implicaría venta y la marihuana no se vende en los clubes", puntualiza.
"Apoyamos que se trabaje para mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, porque aunque se trate de una iniciativa de la Dirección de Drogodependencias es necesario que el resto de las áreas se impliquen. Estamos contentos de que exista esta voluntad política", manifiesta Ibai. "Existen unas carencias enormes en nuestra actividad, que se mueve en medio de la alegalidad. La Policía piensa que cultivar marihuana todavía es ilegal, el juez sabe que no es así y no se ponen de acuerdo en el alcance de la investigación a la que se puede someter a un club", añade. Posiblemente, estas circunstancias cambien mucho en cuestión de meses.
