Vitoria. Pintan bastos para el sector primario alavés. Y para el secundario. Y para el terciario. Lo cierto es que la cuesta de enero se convertirá en la de mayor desnivel y mayor longitud de los últimos años para toda la sociedad ante una realidad que, lejos de mostrar brotes verdes, ve cómo el campo se seca poco a poco. Y, sin embargo, el colectivo de agricultores se niega a caer. Los datos muestran que el número de explotaciones ha descendido progresivamente desde 2008, pero que los profesionales del campo siguen haciendo la labor de gestionar el 80% del territorio. Un alivio, sin duda, para el resto de la ciudadanía que disfruta de la riqueza del sector primario sin mover ni un dedo e invirtiendo bien poco en su mantenimiento. Y es que, a pesar del cierre del 8,5% de las explotaciones existentes en la provincia, lo cierto es que la superficie cultivada y explotada se mantiene igual. Es decir, las mismas hectáreas, pero concentradas en menos manos.

La solución a este enigma es sencilla. Los agricultores que continúan en la actividad arriendan o compran las piezas de quienes se jubilan o abandonan el oficio para continuar labrando la tierra. El resultado es una tendencia a la concentración agrícola todavía no demasiado representativa, pero sí en parte preocupante, según advierte parte del sector.

Sólo hay que echar un vistazo a los datos que ofrece el número de solicitantes del pago único de las ayudas europeas, que sólo incluye al 30% de los viticultores, para darse cuenta de que cada vez son menos los profesionales en este sector económico. Esta estadística se antoja representativa de la realidad actual puesto que registra las explotaciones que piden subvenciones y que representa a las que se mantienen más activas. En ese sentido, mientras que 2.580 explotaciones alavesas solicitaron este apoyo comunitario en 2008, esta cifra cayó en 117 al año siguiente y siguió la tendencia descendiente hasta que el año pasado, cuando sólo 2.361 granjas solicitaron el pago único a las administraciones.

Las razones por las que se ha llegado a esta situación hay que buscarlas en dos puntos principales. Por un lado, se encuentra la crisis, que está tocando a todos los sectores. El hecho de que los costes de producción hayan aumentado y, sin embargo, los precios de pago en origen hayan caído, ha llevado a que las ganancias para el sector sean negativas, sobre todo, en casos como el del vacuno de leche o de carne y algún sector agrícola.

Falta de relevo No obstante, ésta no es la única razón que ha llevado al colectivo a esta situación, ya que los profesionales alaveses del campo han demostrado en más de una ocasión su capacidad de resistencia en tiempos de vacas flacas, incluso en peores tesituras, como cuando surgió la crisis de las vacas locas. Quizás el principal problema que acecha a la actividad sea, precisamente, la ausencia de relevo generacional. Y es que muchas de las explotaciones se han visto obligadas a cerrar sus puertas como consecuencia del envejecimiento del sector, que pone en evidencia la fortaleza del mismo. De hecho, según los últimos datos, la mayoría de los profesionales supera la barrera de los 45 años. La única esperanza se centra ahora en la llegada de nuevos agricultores y ganaderos que busquen en el campo una alternativa al paro y a la ausencia de trabajo en otras actividades más habituales. Ésa es una de las opciones del sector primario para introducir savia nueva en los negocios agrícolas y ganaderos en el conjunto del territorio histórico.

Además de este asidero, también se encuentra la próxima negociación de la Política Agraria Común (PAC), que determinará la fotografía del campo de los próximos años. Por ello, el sector ha insistido mucho en que las instituciones peleen por obtener las condiciones más ventajosas posibles de esta política europea que permita sobrevivir e impulsar la actividad de forma digna.

Está negociación se está dirimiendo ya estos días. De hecho, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del nuevo Gobierno central, Miguel Arias Cañete, visitó el martes Bruselas -la capital comunitaria- por primera vez desde su nombramiento para abordar este tema con la Comisión Europea. En esa reunión se trató, entre otros asuntos, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), actualmente en negociación en los ámbitos institucionales comunitarios y dentro de la que el Ejecutivo español pretende que se mantenga el actual presupuesto, de 7.500 millones al año para el conjunto del Estado.

Peticiones generales El sector primario, incluso a nivel estatal, reclama además, la estabilidad del marco regulador, la puesta en valor del modelo de producción europeo, el fortalecimiento de la posición del agricultor en la cadena de valor, la consideración de la diversidad agrícola de todos los Estados pertenecientes a la Unión Europea, el apoyo a los agricultores profesionales productivos, la reciprocidad de las medidas en acuerdos con terceros países, las facilidades en la incorporación de jóvenes y el refuerzo de la posición de los agricultores frente a los propietarios de tierras.