Madrid. El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a un empleado de una caja de ahorros herido en un atraco, ocurrido en el año 2002, por un preso al que un juez concedió un permiso de salida meses antes de cometerse el asalto y que no había vuelto a prisión.
En la resolución, el alto tribunal argumenta que es "obligación de la sociedad" asumir los "daños derivados de los permisos penitenciarios", por lo que ha mantenido que la Administración deberá pagar la cantidad de 250.000 euros a la víctima del atraco, Luis M.M, debido a los daños y perjuicios sufridos.
El abogado del Estado interpuso un recurso ante el Supremo al considerar que no existe relación entre una "posible negligencia del juez de vigilancia penitenciaria" y la Administración pública y que los riesgos que entraña la concesión de permisos penitenciarios no los debe "asumir" la sociedad.
Los magistrados del alto tribunal, sin embargo, afirman que el hecho de que el permiso se lo concediese un juez no supone la "desaparición" de esta relación y añaden que la responsabilidad no debe recaer en un solo ciudadano, sino que tiene que ser compartida por todos.
