vitoria. Los procesos judiciales acostumbran a ser largos y, en ocasiones, pueden acabar dando amargas sorpresas en forma de inoportunas condenas. Si el diputado general de Álava, Javier de Andrés, alertaba este domingo ante el Pleno de Santa Catalina que la institución se ve obligada a andar por un camino de extremas estrecheces económicas y que una sentencia desfavorable de Luxemburgo sobre las vacaciones fiscales dejaría las arcas forales en una situación crítica, ahora deberá lidiar con un nuevo y enorme agujero de 8 millones de euros que inesperadamente le acaba de endosar el Tribunal Supremo, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.
El Alto Tribunal ha emitido una sentencia inapelable que revoca el produnciamiento anterior del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) y condena a la Diputación Foral de Álava a este cuantioso pago en concepto de indemnizaciones al grupo de propietarios de fincas que fueron expropiadas en 2001 para ampliar en 200.000 metros cuadrados el Centro Intermodal de Transporte y Logística (CTV) de Jundiz.
La infraestructura necesitó hace diez años expandirse y, como es habitual en estos casos, inició un expediente de expropiación de los terrenos adyacentes necesarios. En esta operación, en la que también participó Caja Vital, la Diputación actuó como compradora de los solares y el Ayuntamiento de Vitoria se ocupó de elevar la tasación de las parcelas al Gobierno Vasco. Los técnicos municipales fijaron el precio en 28 euros por metro cuadrado y el Departamento vasco de Ordenación del Territorio se encargó de supervisar y dar el visto bueno a la expropiación, tal y como establece la ley.
La operación satisfizo a las administraciones, pero no a los titulares de los terrenos, que impugnaron la expropiación. Su batalla legal acabó ante el TSJPV, cuyos magistrados, tras analizar detalladamente los pormenores de la actuación, resolvieron a favor del Gobierno Vasco, institución responsable de la tasación a efectos legales. El revés judicial no desanimó a los agricultores, que acudieron al Tribunal Supremo, última instancia judicial en el procedimiento administrativo, a pesar del coste en tiempo y dinero que suponía el proceso. La jugada de ir al todo o nada les salió bien, ya que en esta ocasión, diez años después de iniciarse el expediente, los jueces del Alto Tribunal acaban de fallar en su favor.
La sentencia, que no admite recurso alguno, establece que la valoración del justiprecio que debió abonarse en 2001 en a 70 euros el metro cuadrado -más del doble del que se pagó- y ordena a la Diputación alavesa el abono de la diferencia. En total, nada menos que 8 millones de euros. Una cantidad que puede obligar al gabinete De Andrés a reestructurar su recién presentado proyecto de presupuestos.
Este mazazo legal, tan imprevisto como económicamente contundente, puede no ser el último que reciba Álava en los próximos meses, ya que las diputaciones vascas aguardan con inquietud el fallo del Tribunal de Luxemburgo sobre la legalidad de las vacaciones fiscales.
