MADRID. La presencia de una persona con una discapacidad severa puede llegar a absorber hasta el 70% del presupuesto de un hogar, lo que eleva la situación de pobreza de este colectivo y contribuye además a elevar el nivel de pobreza total en el Estado español.

Así se desprende de datos plasmados en un estudio sobre los aspectos sociales y económicos de la dependencia, realizado por expertos de varias universidades y centros de investigación para la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

En el Estado casi 750.000 personas perciben ya algún tipo de prestación incluida en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. De las casi cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad residiendo en viviendas, aproximadamente la mitad de ellas son dependientes ya que necesitan asistencia personal para satisfacer alguna de sus necesidades básicas.

En el estudio se ponen de relieve los dos aspectos fundamentales que han empujado a muchos países a incorporar la atención a la dependencia como uno de los pilares principales del estado de bienestar: la creciente longevidad y la reducción de la capacidad de las familias para hacerse cargo de sus miembros dependientes debido a la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Algunos de los expertos que han intervenido en el monográfico han explorado la relación que existe entre discapacidad, dependencia y pobreza, y han concluido que el coste de discapacidad moderada ronda el 40% de la renta de un hogar, pero que en una dependencia "severa" ese porcentaje se elevaría hasta el 70%.

Además, la población que presenta algún tipo de discapacidad tiende a estar mayoritariamente en la parte baja de la distribución de la renta, y cuando la renta del hogar se ajusta para atender los costes derivados de esa discapacidad se acentúa la severidad de la pobreza.

En términos generales, uno de cada cinco españoles mayores de 65 años se encuentra en situación de dependencia; un 14% padece una dependencia leve, un 4% una dependencia moderada y casi el 3% una dependencia grave o total.

Los expertos han valorado la institucionalización de la atención a la dependencia como cuarto pilar del estado del bienestar, pero han observado que la Ley de Dependencia en la que se basa es una norma "de hechos consumados".

Ante esta situación, los expertos apuestan por complementar la ley con políticas que planteen una mayor inversión en prevención, para anticiparse a la aparición de enfermedades que provocan la discapcidad y la dependencia.