Vitoria. Las Juntas Generales de Álava expresaron ayer una vez más su desacuerdo con la continuidad de la actividad de la central de Santa María de Garoña. En un conflicto que viene de antiguo, el PNV llevó de nuevo a la Cámara alavesa esta polémica que se mantiene de momento en puntos suspensivos hasta que llegue el tiempo para el presunto cierre del complejo nuclear, anunciado, en principio, para el 6 julio de 2013.

Bajo esa perspectiva, la institución cameral acordó ayer en su Pleno semanal una serie de medidas para expresar la posición del territorio a la continuidad de la llamada central de las mil grietas. El acuerdo al que se llegó por parte de todos los grupos, a excepción del Partido Popular, reitera la posición favorable de la Cámara foral al cese de la actividad y desmantelamiento de la planta burgalesa. Asimismo, el texto consensuado insta a la Diputación a que, en el plazo máximo de un mes, realice una declaración institucional en la que ponga de manifiesto la exigencia de la clausura de la planta ubicada en el Valle de Tobalina.

Además, la moción consensuada que salió adelante ayer exige al Ejecutivo foral que incluya un cartel con la inscripción Cierre de Garoña-Garoña itxi en un lugar relevante de su sede en la plaza de La Provincia, así como en el margen de todos los documentos y comunicaciones de la institución. Por último, y para poder ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de estas instancias, la Diputación debería informar a la Cámara de forma periódica y en plazos no superiores a tres meses del cumplimiento de la citada moción.

Sea como fuere, el debate estuvo marcado por las increpaciones de varias agrupaciones al gabinete De Andrés por desoír a la sociedad alavesa. El portavoz jeltzale Ramiro González expresó el deseo manifiesto del PNV por el desmantelamiento de la central. "Queremos que la Diputación respete la opinión de la ciudadanía. Queremos el cierre de Garoña", apuntó. En la misma línea se manifestó el representante del PSE, Andoni Calurano, que aprovechó la oportunidad para extender la sombra de las elecciones generales. "A nadie se le escapa que desde varios ámbitos se quiere revocar la orden -de desmantelamiento para 2013- y Rajoy ya ha dicho que, si sale elegido, no va a cerrarla", recordó.

De forma aún más tajante y precisa se expresaron tanto Bildu como EB. "¿Cuándo se va a respetar la voluntad de los alaveses? Pedimos que se pase de las palabras a los hechos", reivindicó el portavoz del grupo abertzale, Gorka Ortiz de Guinea. Por su parte, la procuradora de EB, Mertxe Etxezarreta, lamentó que los criterios económicos puedan llegar a anteponerse a los ecológicos y de seguridad. "Las empresas hacen lo posible, lo imposible, e incluso, lo ilegal. Apostar por el cierre de Garoña es una postura política que no es nueva y si el PP en su día respaldó el cierre de Zurita, no entendemos que ahora no lo haga con Garoña", criticó.

Por su parte, el portavoz popular, Santi Abascal, recriminó el gasto que supondría adoptar este tipo de medidas y las consecuencias laborales que tendría el desmantelamiento de la planta. "No hablan de los 1.100 puestos de empleo de calidad de Garoña dificilísimos de sustituir que se eliminarían. Pido que hagamos un debate tranquilo y a la espera porque el cierre se decidirá en el gobierno central", recordó.

Con insistencia No es la primera vez que las Juntas se posicionan en contra de la prórroga del funcionamiento de Garoña. De hecho, este debate se ha llevado al Pleno hasta en nueve ocasiones y en marzo de este mismo año se aprobó también una moción en esos términos. El PSOE concedió una prórroga de dos años a la planta burgalesa según la orden ministerial de 3 de julio de 2009, en base a unos informes del Consejo de Seguridad Nacional que aseguraban la fiabilidad de la instalación. Esta decisión supuso una cierta tranquilidad para los sectores contrarios a la energía nuclear y detractores de la planta en particular, a pesar de que se extendía más allá de la fecha marcada.

Sin embargo, en esta campaña electoral previa a las elecciones generales, el candidato popular a la presidencia, Mariano Rajoy, ya ha expresado abiertamente en varias ocasiones su intención de que esta planta continúe con su actividad. Esta posición ha destapado de nuevo la caja de Pandora y ha puesto en guardia a grupos políticos y colectivos sociales contrarios a Santa María de Garoña que miran al 20-N con preocupación. No hay que olvidar que este mismo ejercicio, la central nuclear ha cumplido 40 años, edad que marca el ciclo vital natural de este tipo de instalaciones.