vitoria. Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, se refirió a ello como "un tema no resuelto", aunque en realidad se trata de un problema candente que obligará a realizar importantes cambios sobre la marcha. La falta de acuerdo entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Vitoria a la hora de pactar la ubicación de un Centro de Inserción Social (CIS) para presos de tercer grado dentro de la capital alavesa llevará a ubicar por el momento dicha "sección abierta" en el viejo penal de Nanclares de la Oca, lo que da al traste, al menos de manera provisional, con la intención de despojar definitivamente de usos penitenciarios a la actual cárcel. Gallizo no ocultó su contrariedad por la ausencia de sintonía interinstitucional, si bien mantuvo firme la promesa de, una vez pactado el emplazamiento definitivo del CIS, ceder el viejo edificio al Ayuntamiento de Iruña Oka, cuyo alcalde quiere convertirlo en centro de pernoctaciones para turistas. Eso sí, ayer reconoció que no existe garantía alguna, salvo la que dicta la lógica, de que un más que probable cambio de signo político en el Gobierno central superado el 20 de noviembre pueda acarrear cambios en este sentido. "No creo que a ningún Gobierno se le ocurra mantener dos cárceles abiertas en Álava, sobretodo en este momento en el que, afortunadamente, registramos un descenso continuado de población reclusa desde hace dos años", argumentó.

Una vez que el viejo centro quede totalmente exento de aprovechamiento penitenciario, su titularidad pasará a Patrimonio del Estado, organismo que en contacto con la Administración local definirá el destino final del complejo. "Ahí no va a haber ninguna instalación penitenciaria cuando se desaloje totalmente", reiteró.

"Por el momento no cabe otra solución más que ésa. Las personas que se encuentran en régimen abierto tienen derecho a seguir estándolo, no vamos a meterlos en la prisión de nuevo", indicó. La intención de Instituciones Penitenciarias consiste en que cada uno de los territorios históricos cuente con un centro de cumplimiento en régimen abierto, lo que en el caso alavés se traduciría en un CIS dentro del término municipal de Vitoria, algo a lo que el alcalde de la ciudad, el popular Javier Maroto, no está dispuesto. "Forma parte de la normalidad y como todavía no podemos hacer centros en el espacio tendrá que tener una ubicación física. Me gustaría que todos lo comprendiésemos y que eliminásemos los prejuicios totalmente infundados que a veces existen en torno a las infraestructuras penitenciarias. Nunca se ha producido ningún tipo de conflicto en el entorno de estos centros", indicó.

El camino de la negociación para determinar el asentamiento del CIS queda ahora en manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, que según indicó Gallizo será la encargada de reunirse con los representantes del Ayuntamiento de Vitoria y sellar una solución.