Vitoria/Logroño. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA) no está dispuesta a permitir que las uvas -"que tantas fortunas han creado tras convertirse en vino", como afirmaba ayer uno de sus responsables- se paguen a 0,35 euros el kilo. Por ello, la central, junto al resto de viticultores que cultivan viñedos en el marco de la Denominación de Origen Calificada Rioja, reclaman a la Interprofesional del Vino de Rioja la obligatoriedad de un contrato tipo obligatorio para la uva y el vino antes de que se generalice la recogida de la actual campaña. De no lograrlo, la campaña amenaza con ser conflictiva, ya que los agricultores no descartan nuevas movilizaciones. La reivindicación se hizo, en la sede logroñesa de la Unión de La Rioja, donde los vocales de UAGA, Rafael Fernández; de la UAGR de La Rioja, Jose Luis Pisón; y de EHNE de Navarra, Alberto Sáenz, además del coordinador sindical de la UAGR-COAG, Luis Torres, los citados valoraron como "satisfactorio" el resultado de la concentración celebrada el pasado viernes frente al Consejo Regulador, que es el órgano de gobierno de la DOC.
La citada concentración fue la cuarta que se convocaba para protestar por la situación que está viviendo la viticultura del Rioja. En ella, agricultores de esas organizaciones agrarias sembraron de uvas la rampa que da acceso al Consejo Regulador y a la Interprofesional y pudieron entregar a Víctor Pascual, presidente de ambos organismos, además de alto directivo de un gran grupo bodeguero, una carta. También le exigieron una reunión "urgente" de la Interprofesional, entidad que integra a los dos sectores, productor y comercializador (bodegas).
En cualquier caso, parece una evidencia que la clave para que se solucione la situación es que se escuchen las propuestas de los agricultores, que reclaman, básicamente, que se "articulen las medidas necesarias para establecer contratos para todas las operaciones de uva y vino en la Denominación" y, de este modo, además, crear un Observatorio de Precios.
Fuentes de la UAGA consultadas por este diario señalaron conocer la legislación comunitaria sobre la competencia que impide la negociación de precios globales. No obstante, los viticultores reiteraron que los contratos "no tienen que marcar precios obligatorios, ya que esto es un acuerdo entre las partes, pero sí la necesidad de que antes de que se entregue la uva el agricultor sepa cuánto va a percibir, para así comparar lo que paga cada bodega y evitar abusos". En ese sentido, Rafael Fernández, responsable de la UAGA, destacó ayer el hecho de que hay 5.000 familias pendientes de esta situación, y pidió "responsabilidad", ya que el año pasado se llegaron a pagar 0,35 euros por kilo. "Los dos últimos años han sido pésimos", señaló al respecto.
Por su parte, el representante de la central agraria navarra, Alberto Sáenz, pidió a la Interprofesional que sea "equitativa", ya que, a su juicio, siempre favorece a las bodegas. Además, calificó como "justo" que nunca se pague un precio por encima del coste de producción. Finalmente, el representante de COAG, Luis Torres, fue más allá y pidió a la Interprofesional que "se moje" y se preocupe por que en el desarrollo de la Ley de Calidad se articulen los mecanismos para que se marque un precio mínimo, "como ocurre en Francia".
Caso concreto La reunión, además había comenzado con revuelo, al conocerse que el grupo bodeguero de Oion Faustino Martínez había firmado un contrato con la cooperativa Virgen de la Vega, de Haro, que supone 0,70 euros por kilo de uva para los agricultores. La operación, que implica la transformación del vino por parte de la cooperativa, se traduce en 1,3 millones de litros de vino tinto, que se convierten en casi 1,86 millones de kilos de uva, prácticamente un tercio de la cosecha, a 0,70 euros el kilo. Es decir, claramente por encima de la media pagada en las últimas campañas y más allá también de los costes de producción. La operación se ha completado con la adquisición por parte del grupo bodeguero de 200.000 kilos de uva blanca a 0,57 euros el kilo (en este caso el rendimiento se eleva hasta los 9.000 kilos por hectárea, por lo que supera también con creces el coste de producción).
Los participantes en la rueda de prensa consideraron que "si los costes de producción están aproximadamente en 0,65 euros por kilo, el precio anunciado sólo está ligeramente por encima de esa cantidad. Sin embargo, consideraron que "sería lógico que este precio se generalizara", aunque, según matizó el representante navarro, se cree que esta campaña va a ver más diferencias de precio que nunca. "No podemos consentir que entren piratas a aprovecharse", aseveró. Y es que los elaboradores de vino no tienen claro el precio que pagarán, ya que depende de numerosos factores. Nadie anticipa cuáles son sus planes, temerosos de que se produzcan consecuencias en un sentido o en otro. De hecho, esperan al final de las vendimias, incluso hasta principios del año siguiente, para anunciar los precios y, en algunos casos, para pagar.
Al margen de las convocatorias de las organizaciones mencionadas anteriormente, Asaja, que abandono la mesa reivindicativa hace unos meses, advirtió el sábado pasado que hará públicos los nombres de las bodegas que compren por debajo del precio de producción.