El cambio de rumbo para restringir las prestaciones eleva la crispación social

En concreto, diversos colectivos sociales se manifestaron ayer en la capital vizcaína en contra del acuerdo alcanzado entre el PSE y el PP para elevar las exigencias de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y denunciaron que ese endurecimiento lejos de evitar los fraudes va a provocar un incremento del "trabajo irregular". Así lo indicó Patxi de la Fuente, quien hizo de portavoz de una marcha que progresó tras la pancarta Por unos servicios sociales dignos, murrizketa gehiagorik ez. En ella, los manifestantes sacaron a la calle mobiliario doméstico. Desde una cama hasta un baño, pasando por un frigorífico, maletas o sillones, en un intento de denunciar que "los recortes de Lakua" van a dejar a gente "en la calle".

De la Fuente leyó un comunicado firmado por asociaciones como el Consejo de la Juventud de Euskadi, SOS Racismo, Argilan, Asociación Los invisibles, Elkartzen, Berri-Otxoak o Mujeres del Mundo en el que denuncian las medidas acordadas como exigir la acreditación de cinco años de vida laboral para acceder a prestaciones a personas o al menos tres años de Padrón.

Según explicó, este tipo de endurecimientos buscan "claramente expulsar del sistema a las personas inmigrantes y especialmente a las que están en situación irregular". De la Fuente también alertó de que esta regulación se puede volver también contra las personas "autóctonas" que después de pasar años trabajando fuera deciden volver al País Vasco y no pueden acreditar tres años de empadronamiento o aquellas que han estado trabajando durante años sin contrato cuidando niños o ancianos. "Esto no va a evitar el fraude porque lo que deja es a más personas sin ningún tipo de prestación, que tendrán que acceder a empleos irregulares porque no les queda otro modo de sobrevivir" y "acogerse a ofertas de trabajo aunque sea de semiesclavitud", indicó. Además los colectivos firmantes consideran que retirar la RGI si se rechaza un empleo, como se pretende, va a conllevar una "precarización del empleo por falta de libertad en la negociación y no tiene en cuenta la situación de muchas personas perceptoras que por ejemplo tienen cargas familiares". En resumen, consideran que se trata de medidas "injustas y discriminatorias" que lo que hacen es crear "mayores problemas", ya que van a hacer que "aumenten los abusos y la explotación".

Machacar a los pobres Por su parte, desde el sindicato ELA, su secretario general, Adolfo Muñoz, consideró "una vergüenza" la modificación de los requisitos para acceder a la RGI y lamentó que "la clase política se entretenga con los pobres, machacándoles", mientras que es "incapaz de enfrentarse a los que han causado el problema" de la crisis. Además, CCOO expresó su preocupación ante "el cambio de rumbo" de las políticas sociales del Gobierno Vasco y aseguró que "la supuesta existencia de fraude no justifica el endurecimiento en el acceso a las ayudas sociales". Aparte, desde UGT se quiso incidir en que endurecer los requisitos para la citada renta llevará a un aumento de la exclusión social y de la economía sumergida.

En un comunicado, el sindicato socialista rechazó la medida anunciada por Gemma zabaleta, "encaminada a endurecer los requisitos para acceder a la RGI", por ser "una medida antisocial con dos consecuencias claras: el aumento de la exclusión social y el de la economía sumergida".

Por último, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, negó ayer que el acuerdo alcanzado con el PP para elevar de uno a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos suponga un "recorte" de derechos sociales y aseguró que, por el contrario, la reforma permitirá crear un sistema "mucho más solidario". >efe/e.p./dna