vitoria. Unas 300.000 personas dependientes en todo el país continúan en lista de espera pese a tener reconocido el derecho a la atención reconocido por ley, denunció ayer la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (ADGSS), en declaraciones recogidas por la web de la Cadena SER.
Asimismo, esta asociación criticó las medidas que están adoptando algunas comunidades autónomas para financiar el desarrollo de la Ley de Dependencia. Medidas como que hasta que no se muera un dependiente no se concede una nueva ayuda a otra persona, es decir, no se concede un nuevo alta en el sistema.
Otras de las medidas denunciadas por la ADGSS es que algunas autonomías tampoco reemplazan a nuevos beneficiarios las prestaciones que se cancelan como consecuencia de los fallecimientos.
Según el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, estas medidas explican "el retroceso registrado" en una de las comunidades más atrasadas en la aplicación de la ley de Dependencia, como es Valencia: "Antes de las elecciones de mayo incluyó repentinamente en el sistema a 9.000 beneficiarios y cuatro meses después hay 2.500 dependientes menos cobrando las ayudas. En total más de 43.000".
