vitoria. Una prueba de tiro cada tres meses. En total, cuatro ejercicios al año que, si no son superados, conllevan la pérdida de la licencia necesaria para ejercer como escolta privado. Sólo se conceden dos oportunidades para lograr el aprobado. Los profesionales de este sector en la CAV critican la posición de desventaja que esta situación les provoca, ya que aseguran que a los agentes de otros cuerpos policiales no se les plantean los mismos requisitos. Entienden que tanta exigencia allana el camino para que las empresas de seguridad puedan deshacerse sin demasiadas trabas legales de muchos trabajadores que hasta ahora acompañaban a políticos y sobre los que ahora pende un futuro laboral un tanto incierto.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los profesionales de la seguridad privada es que aunque se les pide que sepan disparar -los exámenes los lleva a cabo periódicamente la Guardia Civil en sus instalaciones-, no disponen de oportunidades para entrenarse. A menos de que se federen y abonen una cuota de 180 euros al año, no disponen de instalaciones en las que practicar. A esta cantidad hay que añadir la correspondiente a la adquisición de un armero -elemento obligatorio para la preservación del arma en el domicilio cuyo único modelo homologado cuesta en torno a los 600 euros- y, por supuesto, el precio del arma y de la munición, que sale por 20 euros la caja. "Si no pagas todo eso es imposible entrenar y muy probable suspender. Lo de subir al monte a disparar está totalmente prohibido y resulta enormemente arriesgado", señala un escolta.
Los miembros de este colectivo profesional, que reivindican su reconocimiento como "agentes activos en la normalización política de este país", aseguran atravesar un momento laboral "muy difícil". Además de haber descendido enormemente la carga de trabajo en el sector "ni siquiera se nos permite ir a la huelga, ya que se supone que nuestros servicios mínimos son del 100%", aseguran. Afirman sentirse "muy presionados" por parte de las empresas que les contratan y aseguran que una de ellas asigna un número cerrado de kilómetros a cada servicio, de manera que "si el protegido los rebasa, el escolta tiene que pagar la gasolina de su propio bolsillo".
