vitoria. Con los datos en la mano, puede concluirse que el nivel de honestidad de los alaveses en el uso de viviendas de protección oficial es alto. Las irregularidades detectadas por el Gobierno Vasco durante los últimos años representan un porcentaje mínimo en relación a las visitas realizadas por sus inspectores, aunque siempre existe un lugar destacado para la picaresca. El último informe de Evaluación de la Función de Inspección de Vivienda Protegida del Ejecutivo autonómico, fechado en mayo de este ejercicio, da buena prueba de ello.
En números relativos, el territorio alavés lidera el número de sanciones impuestas a los propietarios de los pisos en comparación con el resto de provincias de la CAV. En concreto, entre 2004 y 2010, la cifra de irregularidades castigadas económicamente se cifró en 1,79 de cada cien viviendas visitadas, por las 1,73 de Gipuzkoa y las 0,72 de Bizkaia, la provincia donde se llevan a cabo más inspecciones por parte del Departamento vasco de Vivienda. De cada 100 pisos visitados en Álava, en 16,62 se había cometido algún tipo de irregularidad, que no siempre acaban en multa. Pese a todo, computándolas globalmente, las sanciones económicas impuestas en Álava son las más bajas de las fijadas en las tres provincias de la CAV, con un importe medio de 1.780 euros por multa. En Bizkaia ascienden a 2.614 euros de media y en Gipuzkoa, a 2.091 euros.
Las sanciones pueden suponer en los casos más graves un desembolso de hasta 6.010,12 euros para los infractores. Al margen de irregularidades más o menos graves, Vivienda puede incluso proceder a la expropiación forzosa de un piso protegido cuando, sin causa justificada, permanezca sin uso residencial por más de un año ininterrumpido o se utilice para fines distintos a los del domicilio habitual del titular sin contar con la autorización del Departamento de Vivienda.
al 96% Según el documento elaborado por el Gobierno Vasco, durante los seis años que comprende el estudio fueron inspeccionadas en la CAV 47.961 viviendas y Lakua detectó hasta 6.414 irregularidades, que derivaron en expediente sancionador en 950 ocasiones. Sólo el 10% de los casos catalogados como irregulares, 644, derivaron en multa para el propietario, lo que representa el 1,3 de las viviendas visitadas. El importe total de las multas entre 2004 y 2010 ascendió a los 1,34 millones de euros, lo que supuso un importe medio de 2.086 euros por sanción. Vivienda, tras realizar este balance, considera cumplidos sus objetivos de inspección de VPO en un 96% y pretende llegar hasta las 58.000 al cierre de 2011. Hasta mayo, sus inspectores habían entrado ya en 3.489 viviendas vascas.
